La Justicia prohíbe al Consistorio quitar símbolos religiosos

Abogados Cristianos acusan a Puente de «pactar con los grupos más radicales de la izquierda»

-E. M.

Publicado por
Lucía Roales

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid da la razón a la Asociación Española de Abogados Cristianos al tumbar dos puntos de la moción laicista aprobada en septiembre por el Ayuntamiento de Valladolid.

La asociación interpuso un recurso contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid del 10 de septiembre de 2018 que aprobó la moción impulsada por el partido político Sí Se Puede, la cual buscaba «el impulso de la libertad de conciencia y el carácter laico del Ayuntamiento».

Ahora la justicia les da la razón, aunque solo en parte, porque la sentencia solo tumba dos punto de la moción. La presidenta del colectivo, Polonia Castellanos, comentó que esta sentencia es «tan grave o más que un caso de corrupción» y pidió «responsabilidades políticas». Además, acusó a Óscar Puente de «pactar con los grupos más radicales de la izquierda, con tal de conseguir el poder». Castellanos afirmó que esta sentencia «sienta un precedente para todos los Ayuntamientos que estaban empezando a quitar símbolos católicos de muchos espacios públicos».

La moción sostenía que en los «espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial de histórico», además añadía que no promoverían «por parte de este Ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, excepto aquellas que constituyan un patrimonio cultural o artístico de interés reconocido, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Valladolid exclusivamente de carácter civil».

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Abogados Cristianos criticaban que con dicha moción se vulneraban los artículos 16 y 20 de la Constitución Española. El 16 habla sobre la «libertad ideológica, religiosa y de culto, de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». El artículo 20, en el punto número 1 reconoce y protege los derechos a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».