Los funcionarios de la Administración de Justicia se plantan ante la reforma
El 12,98% de los empleados secunda la huelga, según el Ministerio / El decano de los abogados exige la creación de un cuarto juzgado de familia
Algunos de los trabajadores de Justicia, en la concentración del jueves a las puertas del Juzgado, en Valladolid.-ICAL
No, no y no. Los sindicatos lo tienen claro. No a las enmiendas de la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no a unos traslados «forzosos» y «arbitrarios» de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y por eso ayer se plantaron ante la reforma. Hubo huelga y miles de personas se echaron a las calles madrileñas, cnvocadas por los sindicatos CCOO, UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
«El gestor de turno podría mover al personal sin tener en cuenta la experiencia ni la especialización», señala a este diario el delegado de CCOO en el sector, Raúl Franco, quien indica que esto no solo afectaría al personal funcionario y a los interinos –«la bolsa de empleo se va a destruir»–, sino que también repercutirá sobre el servicio, puesto que los empleados deberán aprenderlo todo sobre otro orden jurisdiccional. «Cada uno es un mundo, no es apretar una tecla», subraya el sindicalista.
Las organizaciones de trabajadores cifran en un 80% en seguimiento de la huelga en todas las provincias españolas, un porcentaje que contrasta con el de el Ministerio de Justicia: 18,77% en España y 12,98% en Castilla y León. Según la cartera que dirige Dolores Delgado, de los 3.121 efectivos convocados, 405 han secundado la huelga, unas cifras que critica CSIF por los servicios mínimos fijados por el poder Ejecutivo. «Se han impuesto unos servicios mínimos de cerca del 50%, es abusivo», remacha ante este diario el responsable de Justicia de CSIF en Castilla y León, Fabricio Gómez.
Franco prefirió no entrar en una «batalla de cifras» y lamentó la «escasa participación» en la huelga en comunidades como la Valenciana (6,64%), el País Vasco (1,75%) y Galicia (1,47%). El responsable de CCOO afirmó que espera que la movilización sea más numerosa en las próximas manifestaciones que están previstas si el Senado aprueba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una iniciativa popular que hasta hace quince días había estado bloqueada en el Congreso.
Los sindicatos han enviado a la ministra de Justicia y al Grupo Popular en el Congreso una carta solicitando una reunión para el lunes o el martes. Franco advierte de que si no se paraliza la reforma, lo consultarán con los compañeros de los sindicatos, pero se plantean continuar con parones o incluso una huelga indefinida. «Esperemos que recapaciten, porque hay otras alternativas», sostiene el representante de CCOO. «El Ministerio debe tomar nota», agrega Gómez.
Las reivindicaciones de Justicia también se realizaron en Valladolid, durante las Jornadas de Derecho en Valladolid, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA).
El decano de los abogados, Javier Garicano, exigió la creación en la capital de un cuarto juzgado de familia para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos en una materia «tan sensible» como las separaciones, debido al «espectacular» incremento de estos procesos, que sitúan a España como el segundo país europeo con mayor porcentaje de crisis familiares.
El representante de los letrados aseguró que con un cuarto juzgado de Familia se «aliviaría» el «colapso» que sufren los tres juzgados, que cuentan con la ayuda del de Violencia de Género, puesto que tiene competencias en la materia. «La crisis matrimonial es un momento terrible para quien la sufre, y por ello es necesario que la respuesta judicial sea rápida», destacó.