Ayuntamiento de Valladolid y vecinos de Santa Ana pagarán 800.000 euros para obras y cierran años de litigio

Un problema urbanístico enquistado como es quién paga los arreglos para el renovación de las calles de la urbanización Santa Ana, junto al Camino Viejo de Simancas, así como el mantenimiento de sus espacios verdes está a punto de resolverse. La aprobación hoy en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de una modificación del plan parcial Santa Ana, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, será el punto de partida para que esta urbanización, con 450 viviendas, pase a estar integrada en la trama urbana de Valladolid como un barrio más.

Mediante esta modificación se suprimirá la obligatoriedad de los vecinos de Santa Ana de ocuparse de la conservación y el mantenimiento de la urbanización -lo mismo que pasa ahora en Fuente Berrocal- motivo de un litigio que enfrentó durante años a los propietarios con el Ayuntamiento y con la promotora, la bodega Vega Sicilia.

En su lugar, los 800.000 euros que se requieren para el arreglo de calles, muchas de ellas levantadas por las raíces de los árboles, y la renovación de zonas verdes se repartirá entre las comunidades de propietarios, 300.000 euros, y el Ayuntamiento, 400.000, a los que hay que añadir otros 100.000 recogidos este año en el presupuesto municipal. Está previsto que este proceso para regenar la zona se prolongue durante dos años para, a continuación, ser el Ayuntamiento el que tome las riendas y se ocupe de las tareas de mantenimiento al pasar a formar parte, ya de forma oficial, de la trama urbana.

Una vez que se produzca la absorción, los vecinos de Santa Ana pasarán a pagar la tasa de los vados, de la que ahora están exentos al no ser un barrio de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, mostró ayer su satisfacción por «zanjar» un problema que se arrastra desde hace años y añadió que éste deber ser el mismo camino que siga Fuente Berrocal, otra urbanización en la periferia de la ciudad que se encuentra en una situación similar. «Lo que intentamos es un equilibrio en las actuaciones», dijo el concejal, si bien matizó que no son procesos fáciles.

En el caso de Santa Ana, el desarrollo de esta urbanización se remonta a principios de los años 90, con la bodega Vega Sicilia como promotora, aunque pronto se hizo cargo de los trabajos Metrovacesa.

Terminada la urbanización, los vecinos reclamaron ante el juzgado que el Ayuntamiento corriera con el arreglo de las deficiencias urbanísticas y empezó así una batalla en los tribunales que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el TSJCyL.

El juzgado falló que la responsable era Vega Sicilia por ser la promotora y no haber creado un organismo que se ocupara de la conservación de la zona. Araíz de la decisión judicial, la junta de gobierno del Ayuntamiento, con el PP al frente de la alcaldía, aprobó un acuerdo en noviembre de 2013 en el que se requería a Vega Sicilia para que asumiera las deficiencias urbanísticas.

Dado que transcurridos dos años la promotora, que recurrió la decisión del juzgado ante el TSJCyL, no había cumplido el requerimiento del Ayuntamiento, los vecinos volvieron a intentarlo ya con el nuevo equipo de gobierno municipal y con Saravia al frente de la concejalía de Urbanismo. En una reunión celebrada en noviembre de 2015, volvieron a pedirle al concejal que reclamara a Vega Sicilia el pago de los arreglos.

Al final, el TSJ sentenció que la empresa promotora no era la responsable y devolvió la pelota a los vecinos.

Así estaban las cosas hasta que se alcanzó un acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos para repartirse el coste de la rehabilitación y que en principio iba a plasmarse en un convenio. La asesoría jurídica municipal lo descartó y se optó por la fórmula de la modificación tanto de la ordenación detallada del Plan de Actuación Urbanística, PAU, como del plan parcial Santa Ana que se aprueba hoy. Una modificación considerada de interés público para así integrar Santa Ana en la malla urbana.