El Ayuntamiento de Valladolid pide 18 millones de euros para pagar inversiones pendientes

El concejal de Hacienda prevé terminar el año con el 50% de inversión ejecutada de un total de 73 millones

Los concejales Antonio Gato y Manuel Saravia en el salón de plenos del Ayuntamiento.-J.M. LOSTAU

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Fernando Martín
Valladolid

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Los meses finales del año suelen ser para las administraciones los de las prisas para ejecutar el presupuesto y acabar con un balance de gestión presentable. A dos meses de que termine el año y se cierre el ejercicio presupuestario, el último completo de este mandato dado que en 2019 habrá elecciones por medio, el Ayuntamiento de Valladolid trata de pisar el acelerador para alcanzar un nivel inversor decoroso, aunque ya está claro que algunas inversiones tendrán que aparcarse hasta el próximo ejercicio; algo habitual por otra parte.

El plan de inversiones del Ayuntamiento para este año es una prueba de esta dificultad o incapacidad, generalizada en todas las administraciones, para ejecutar todo lo que se plasma en el presupuesto. De los 73 millones de inversión previstos para 2018, 15 millones se arrastran de proyectos que no se realizaron en 2017, mientras los 58 restantes corresponden a inversiones nuevas.

Y para financiar tanto algunas de las que a estas alturas siguen pendientes de ejecución como otras más que no se llevarán a cabo este año y habrá que posponer para el próximo la concejalía de Hacienda solicitará un préstamo de 18 millones de euros, una cantidad equivalente a un cuarto de toda la inversión consignada en el presupuesto vigente.

El préstamo es una de las vías posibles para financiar las inversiones y el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, asegura que ya estaba contemplado solicitarlo como una medida previsora, habida cuenta de que resulta evidente que no podrán acometerse todos los proyectos consignados para el presente ejercicio. Dicho de otra manera, del total de inversiones un grupo, por importe de estos 18 millones, ya estaba destinado a financiarse con un préstamo, mientras otro grupo lo hará con recursos ordinarios procedentes, entre otros, de la recaudación de tributos y otro lote, por una cuantía de 21 millones, lo hará con los ingresos procedentes de la venta de suelo municipal. Una previsión esta última que algunos consideraron muy optimista cuando la anunció el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

El préstamo, añade el edil de Hacienda, permitirá que se incorpore al presupuesto de 2019 -ahora en proceso de elaboración- «la obra no ejecutada en 2018 con su financiación correspondiente». Una parte de los 18 millones -no se sabe cuánto- se gastará este año y el resto quedará en la tesorería municipal para pagar, a medida que se ejecuten, las inversiones incluidas en la lista de las financiadas con el préstamo que se pospongan para 2019.

Hasta el pasado 30 de septiembre el Ayuntamiento había ejecutado el 25% de la inversión, es decir había gastado 18 de los 73 millones de euros incluidos en este capítulo del presupuesto. Pese a que este dato, el de la inversión ejecutada, es el que, de forma invariable, utiliza el partido de turno que está en la oposición para criticar la gestión de quien ostenta el gobierno, el concejal de Hacienda afirma que le «preocupa más» otro apartado, el de las inversiones con el expediente iniciado «porque ya se sabe seguro que se realizarán, ya sea en el presente ejercicio o en el siguiente». En esa situación, con el expediente iniciado -aquí están incluidas también las ya ejecutadas- figuran inversiones por importe de 47 millones de euros, con lo que el riesgo está en esos otros 26 millones de inversión cuyos proyectos no han echado a andar.

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Aquellos cuya tramitación no se inicie antes de terminar el año se perderán, de ahí las prisas por poner en marcha el mayor número de inversiones posible. Gato se muestra convencido de que alcanzarán un porcentaje de ejecución «similar al de años anteriores», es decir en torno al 50%, pero añade que no es lo mismo «un cincuenta por ciento de 25 millones que el mismo porcentaje de 73 millones». Como explicación para los niveles tan modestos de ejecución a estas alturas, afirma que «la disponibilidad de personal es la misma que hace años, pese a haberse incrementado mucho el volumen de inversión y todo el proceso hasta adjudicar un contrato lleva meses». Añade que, además, hubo que adaptarse a la nueva ley de contratos, lo que retraso el inicio de algunos proyectos. El nivel de ejecución se conocerá en dos meses.