El PP considera «una patada adelante» el expediente de Puente por el ‘caso Gato’

Mantienen su denuncia contra el alcalde y éste les advierte de que pueden salir trasquilados

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Fernando Martín
Valladolid

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El Grupo Municipal Popular mantiene que el concejal de Hacienda, y Promoción Económica, Antonio Gato, cometió una infracción administrativa al firmar la contratación de su cuñada para un trabajo en el Ayuntamiento en 2015 y que el alcalde, Óscar Puente, incurrió en un delito de prevaricación por omisión por no abrirle un expediente sancionador en estos dos años. Y su percepción no ha cambiado después de que el alcalde firmara un decreto, con fecha 18 de junio, en el que acuerda la apertura de un expediente para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la contratación del concejal de Hacienda.

El PP, que el jueves presentó en el juzgado una denuncia contra Puente por un presunto delito de prevaricación por omisión por no abrir el expediente sancionador, no considera que el decreto del alcalde cambie en nada las cosas. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo, tachó ayer de «patada hacia adelante» la decisión del alcalde, detrás de la que ve «la clarísima intención de confundir a la opinión pública». Martínez Bermejo dijo que el documento firmado por el alcalde y el secretario municipal no supone la apertura de «un expediente sancionador» contra el concejal, entre otras cosas porque «debía aparecer el nombre del presunto infractor».

Incluso mostró su extrañeza por la coincidencia en la presentación de su denuncia y el decreto del alcalde, sobre el que mostró algunas reticencias. Aseguró que una instrucción municipal de diciembre de 2017 obliga a que todos los documentos elaborados por la Administración municipal lleven firma electrónica, cuando el decreto está firmado de forma manual por el alcalde y el secretario.

Más allá de cuestiones formales, Martínez Bermejo preguntó por que el alcalde solicita ahora informes sobre las circunstancias en las que se produjo la contratación cuando en un escrito de julio de 2016 «no veía causas para abrir expediente sancionador» al concejal de Hacienda.

El portavoz ‘popular’ negó que el documento sea la respuesta a la resolución enviada por el Procurador del Común al regidor, en la que le emplazaba a explicar las razones motivadas por las que no abría un expediente sancionador. El periodo de dos meses para contestar a la resolución termina el lunes, día 25, pero Martínez Bermejo dijo que el plazo es «sólo para responder si acepta o no la resolución», pero no para iniciar ninguna actuación dado que los pronunciamientos del Procurador «no son vinculantes».

Convencido de que hay caso, insistió en que será «el juez el que resuelva» tras la denuncia presentada el pasado jueves, a la que incorporaran el documento del alcalde.

La explicación que ayer reiteró Puente fue rubricada por el secretario general, Valentín Merino, muy molesto éste por las dudas sembradas sobre la fecha del decreto. Insistió en que su decisión se ajusta a lo que pide el Procurador en su resolución. Puente explicó que, en efecto, ya se investigó si existían motivos para abrir un expediente sancionador y se llegó a la conclusión de que Gato no tuvo participación alguna en el proceso de selección de su cuñada, salvo en la firma, y por tanto no había lugar a sanción.

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Dado que el Procurador lo que pide es que explique por qué no se inició un proceso sancionador, ahora él solicita dos informes, uno para aclarar las circunstancias en las que se produjo la selección del familiar de Gato y otro sobre la participación del concejal, para así documentar las razones que le llevaron a no incoar un expediente disciplinario. En unas declaraciones realizadas en la tarde de ayer, Puente pidió «tiempo al tiempo», advirtió a los ‘populares’ de que «alguno fue a por lana y salió trasquilado». Añadió que quizá «no se han dado cuenta de que se han metido en un lío» y pidió esperar a que se pronuncie el juez.