La Audiencia acuerda prisión sin fianza para la ex dueña de Vibolid
Celebró ayer una vista con las partes y la acusada por videoconferencia desde Alcalá Meco I
Un hombre observa el escaparate de la agencia en el paseo Zorrilla.-MIGUEL ÁNGEL SANTOS
La Audiencia de Valladolid dictó ayer auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para la que fuera propietaria de la agencia de viajes de Valladolid Vibolid, J.M.A.H, que ha ingresado hoy en el penal de Alcalá Meco I, en Madrid, tras llegar a España desde Polonia, donde permanecía fugada para evitar el juicio que hay pendiente contra ella por delito continuado de estafa. La fugada llegó a España tras una euroorden cursada por el tribunal vallisoletano, tal y como adelantó el jueves EL MUNDO DE VALLADOLID.
La Sección Segunda de lo Penal que tendrá que juzgarla celebró ayer una comparecencia a puerta cerrada, con participación del fiscal, acusaciones y la defensa, junto con la asistencia, por videoconferencia desde el penal madrileño, de la procesada, en la que todas las acusaciones han coincidido al solicitar que J.M.A.H. continúe en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza ante el evidente riesgo de que vuelva a huir para eludir la acción de la Justicia.
En el lado opuesto, la defensa de la fugada hasta el pasado día 8 de marzo, cuando fue interceptada por la policía en Polonia, ha interesado prisión provisional eludible bajo fianza y la adopción de otras medidas de seguridad para evitar una posible fuga, como la colocación a su patrocinada de una pulsera telemática u otros sistemas de seguridad, informa Europa Press.
asegurar su presencia
Sin embargo, el tribunal que preside Feliciano Trebolle, una vez oídas las partes, ha resuelto ratificar el auto el Juzgado de Guardia de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ante el cual la detenida ha sido puesta a disposición en la madrugada de este viernes tras su llegada vía Polonia, en el sentido de mantener su situación de encarcelamiento provisional, sin fianza para «asegurar su presencia» ante el «evidente riesgo de fuga».
La llegada de J.M.A.H. a España se produce gracias a la colaboración de la justicia y policía polacas en virtud de la Euroorden cursada por la Audiencia de Valladolid, la primera de su historia, con lo que se espera que en los próximos días la detenida sea trasladada desde Madrid al penal vallisoletano, a la espera del oportuno juicio.
La acusada se fugó en abril de 2017 de España para eludir la acción de la Justicia ya que tenía pendiente una causa por un delito continuado de apropiación indebida sobre un total de 40 clientes.
El juicio tuvo que suspenderse ante la incomparecencia de la procesada, que, además, había pactado previamente la condena pero que una semana antes de la vista desapareció sin dejar rastro, lo que provocó la indignación no sólo de su propia defensora sino de las acusaciones particulares.
Los acusadores denunciaron ya entonces que la encausada había dado su visto bueno a una sentencia condenatoria que «era bastante más beneficiosa para ella que para los damnificados», ante lo cual la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, tribunal que tenía previsto juzgarla, decretó en abril del pasado año orden de busca y captura contra J.M.A.H. para su ingreso en prisión.
La Audiencia de Valladolid podrá juzgar de este modo a la acusada de un presunto delito continuado de apropiación indebida sobre un total de 40 clientes que a lo largo de 2014 desembolsaron cantidades que en su conjunto suman más de 83.000 euros para que les gestionara la compra de billetes, reservas de hotel y otros servicios en distintas partes del mundo, sin que la encausada formalizara dichas operaciones.
el fiscal pide seis años
Con carácter provisional, el fiscal solicita para ella una pena de seis años de cárcel y multa de 4.320 euros –las acusaciones particulares piden entre cuatro y cuatro años y medio por delito continuado de estafa– , junto con el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que suman un total de 82.471 euros. Además, una de las acusaciones particulares, que reclama más de 7.000 euros, había solicitado que la Consejería de Cultura fuera condenada como responsable civil subsidiaria, petición que desestimó la Audiencia.