El decreto de viviendas turísticas eleva a 65 los apartamentos ‘legales’ en la provincia

Uno de los principales retos del turismo autonómico en el pasado año, con continuidad en este que acaba de arrancar, se fijó en el mes de febrero, cuando el Gobierno regional dio luz verde al decreto que regula el funcionamiento de las viviendas de uso turístico para evitar así el intrusismo y la competencia desleal en el sector.

La práctica para la legalización de estos establecimientos se disparó a lo largo del año, pues a finales del mismo el número de pisos que contemplaba el Registro de Castilla y León alcanzó los 1.089. «El balance es muy positivo, sobre todo si tenemos en cuenta el rápido crecimiento de las inscripciones. Desde la Junta hicimos un esfuerzo importante para la regulación de estas viviendas a través de la implantación de un decreto que, en apenas diez meses, sumó 748 apartamentos», asevera el director general de Turismo regional, Javier Ramírez.

El incremento de los registros desde febrero a diciembre se traduce, a su juicio, «no solo en un mayor control y transparencia en la oferta regional sino también en una herramienta para luchar contra la actividad clandestina». Y es que la normativa obliga a que en todas las plataformas de comercialización de este tipo de apartamentos, tal y como recuerda, figure el número de registro. «Esto supone una garantía de cara a al usuario y a sus derechos», asegura el director de Turismo, matizando que la ausencia de este distintivo «puede ser objeto de expediente sancionador».

Por provincias, Salamanca encabezó esta lista con el mayor número de ‘empresas de alojamiento’, según las define dicha norma, con 223 inscritas. Segovia y Ávila siguieron muy de cerca a la ciudad charra, anotando respectivamente 212 y 211 viviendas de uso turístico que realizaron los trámites pertinentes para su regularización. Casi un centenar de pisos menos registraron León y Zamora, con 121 ambas provincias. Burgos tomó distancia al contar con 74 apartamentos regularizados; tras ella, Valladolid alcanzó los 65. Soria declaró 45 viviendas destinadas a fines turísticos mientras que Palencia, con 17, computó el menor número de la región, según los datos facilitados por la Consejería de Cultura y Turismo.

Así, la Comunidad despidió 2017 con un total de 1.089 viviendas en el Registro de Turismo y que, por consiguiente, presentaron en la Administración autonómica la correspondiente declaración que las habilita para ejercer legalmente al cumplir con la normativa vigente. «En Castilla y León podemos presumir de haber hecho los deberes», remarca.

En la diana del año que acaba de comenzar ya hay nuevos retos marcados. Entre ellos, Ramírez hace hincapié en «la homogeneización a nivel nacional tanto en la regulación como en los requisitos de la misma para que no haya grandes diferencias entre comunidades autónomas, algo que sin duda nos perjudica al crear cierta confusión en los turistas». Dentro de esta línea, remarcó la importancia de establecer «directrices comunes» en cuanto al «control de las plataformas» así como de los «criterios diferenciadores entre la economía colaborativa y la sumergida».

Un «esfuerzo de armonización» que el director general de Turismo también pide al Gobierno central puesto que se trata de una cuestión que afecta a diferentes ámbitos de todo el territorio. Asimismo, considera que la «implicación de la Agencia Tributaria también puede ser un elemento de control muy importante».

Decreto

Seis meses, desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, daba de plazo el decreto aprobado el pasado febrero para que los propietarios de alojamientos de uso turístico regularizasen su situación, contemplando sanciones que oscilaban entre los 9.000 y los 90.000 euros. Ramírez recuerda que recoge además una «disposición adicional que obliga al cumplimiento no solo de la normativa turística, sino también de la relativa al ámbito medioambiental, de la seguridad o de la sanidad para garantizar una oferta de calidad».

Hacer una estimación de cuántos apartamentos continúan en situación irregular resulta «complicado puesto que sería más intuitiva que otra cosa», explica el director general de Turismo, aseverando que trabajan para que cada vez «sea el menor posible».

Según reza el texto, las viviendas de uso turístico son aquellos «pisos, casas, bungalós, chalés u otros inmuebles análogos, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, que son comercializados o promocionados en canales de oferta turística para ser cedidos temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento turístico y a cambio de una contraprestación económica».

Para considerar este uso, el apartamento debe ser ocupado por una misma persona durante un máximo de dos meses seguidos, ya que al superar este plazo se entiende como arrendamiento de temporada y pasa a ser competencia de la ley urbanística.

LAS PLATAFORMAS RENDIRÁN CUENTAS A LA AGENCIA TRIBUTARIA

El 2017 finalizó con buen sabor de boca para el turismo tras las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, celebrado la semana pasada, relativas a la «obligación» de las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedian en la cesión de viviendas con fines turísticos a «enviar a la Agencia Tributaria la información sobre el titular del apartamento, las personas que lo disfrutan y el número de días, la identificación del inmueble y el importe obtenido por ello», según apunta Exceltur, Alianza para la excelencia turística, en un comunicado.

Esta responsabilidad supone «un paso muy importante» en el papel que juegan las plataformas digitales en la prestación de este servicio al garantizar «la contribución fiscal» y responder a «los protocolos de suministro de información necesarios para preservar la seguridad nacional», aseguran desde la asociación. Acciones encaminadas a «resolver una realidad» que Exceltur denuncia desde el 2016 y que encajan, a su consideración, con los principios que sustentan la reciente sentencia Uber del Tribunal Superior de Justicia Europeo respeto a la «responsabilidad de las plataformas de cumplir las leyes general y sectoriales que regulan la actividad económica en España».

Para la asociación, el paso dado por el Gobierno central debe servir para que el resto de administraciones públicas con competencias en la materia “refuercen sus marcos legales de ordenación turística y urbanística” para evitar así el “conjunto de externalidades negativas de la conversión descontrolada de apartamentos” con este fin.

La expulsión de los residentes de los centros de las ciudades por el encarecimiento del acceso a la vivienda, los problemas de la convivencia vecinal y la desnaturalización de los barrios por el exceso de presión turística son algunos de los efectos de esta práctica que continúan preocupando a las empresas representadas por Exceltur.