Enfermería pide transparencia en el área de salud mental de la zona oeste

El Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid advierte de que no cejará en exigir transparencia sobre la nueva organización de salud mental del Área Oeste de Valladolid a pesar de la querella interpuesta por el nuevo coordinador, Manuel Franco, contra esta organización y su presidenta, Silvia Sáez, que ha supuesto la celebración de un acto de conciliación entre ambas partes que finalizó sin acuerdo.

El Colegio recuerda que la pasada semana se llevó a cabo el acto de conciliación en el juzgado previo a la querella criminal interpuesta por lo que la organización colegial considera «haber defendido los derechos competenciales, la transparencia en la información y la garantía de la asistencia a los pacientes y familias afectados por la reorganización del servicio de salud mental del Área Oeste de Valladolid». En este acto no hubo acuerdo, por lo que los trámites judiciales seguirán su curso.

Sin embargo, el Colegio Profesional sostiene que «no va a cejar exigiendo la información que proceda en esta reorganización, en la que aún hay temas importantes que se desconocen».

En este sentido, señala que hasta el momento no hay datos, a pesar de que está previsto en estos días el cierre de la unidad hospitalaria psiquiátrica de rehabilitación de salud mental, lo que para el Colegio de Enfermería supone «un problema grave en la defensa de los intereses del colectivo así como de los ciudadanos afectados», informa Europa Press.

Insisten en que la demanda interpuesta por Manuel Franco «no va a amedrentar» ni al colectivo ni al Colegio Profesional, que hasta el momento «sólo ha cumplido con lo que se prevé en sus estatutos, que es la representación y defensa de la Enfermería en Valladolid y denuncia los hechos acontecidos, además de pedir que haya total información al respecto».

Por ello, el Colegio ha remitido una carta a la gerente de Salud de las áreas de Valladolid, Violeta Martínez Pindado, que también ha recibido el gerente del hospital del Río Hortega, en la que exige información sobre el concierto con las fundaciones privadas que tutelan pisos y/o otras dependencias a los que van a ser derivadas los pacientes tras el cierre de la unidad.

También se pide información sobre si estas casas tienen registro sanitario y si cumplen los requisitos para que empleados públicos de la Junta de Castilla y León (de Sacyl) ahora trabajen en ellos, aunque por el momento no se ha recibido contestación a ninguna de las cuestiones planteadas.