El juzgado decreta la apertura de juicio contra De la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por el aval del soterramiento

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y contra los exconcejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por el caso del aval del soterramiento.

En el auto notificado hoy a las partes, después de que la pasada semana la Audiencia Provincial de Valladolid desestimara los recursos de los tres acusados, la jueza Verónica Marcos Rodríguez confirma las acusaciones contra De la Riva y los que fueron concejales de su equipo de Gobierno. Ahora será la Audiencia Provincial, instancia que juzgará a los acusados, la que tenga que fijar una fecha para el juicio

El pasado mes de septiembre la Fiscalía solicitó en el Juzgado de Instrucción una condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para Javier León de la Riva, por las tres cartas de conformidad que firmó en los años 2008, 2010 y 2011. El exregidor está acusado de tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental. Además, la Fiscalía solicitó por el conocido caso de las ‘confort letter’ una pena de 24 años de inhabilitación especial para los exconcejales populares del Ayuntamiento de Valadolid Manuel Sánchez, y Alfredo Blanco. Éste último, una vez que la Audiencia Provincial presentó el recurso, renunció la pasada semana a su acta de concejal.

Según dicho auto, está acreditado que De la Riva, como alcalde, firmó tres cartas de conformidad en el marco de la operación de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid, sin tramitar ningún procedimiento, ni obtener ningún informe ni autorización y que lo hizo sabiendo la ilegalidad de su actuación. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la Sociedad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 201, avaló un crédito de 400 millones de euros SVAV.

Además, en la resolución del Juzgado también se justifica que se firmaron las cartas de conformidad “sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento, y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el oportuno trámite. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León”.

Respecto de la tercera carta de conformidad, la firmada en 2011, también se apuntó que se hizo “sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento”.