La policía desvela que la empresa del mobiliario de la Perla Negra se llevó 4,5 millones sin concurso ni contrato
La investigación señala que 1,9 millones del dinero que se pagó a Unifica fue a parar de Urban, la empresa a la que la Junta compró el edificio
Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como La Perla Negra.-P. REQUEJO
De revelación en revelación. Cada paso que da la investigación en el caso de la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido por la Perla Negra, por parte de la Consejería de Economía de la Junta, desvela una nueva sorpresa.
La de ahora tiene que ver con el pago del mobiliario y la división interior de la Perla Negra. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional revela que Unifica, la empresa que se encargó de la división y del mobiliario del edificio, se llevó 4,5 millones de euros sin concurso ni contrato.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la consejera Pilar del Olmo, fue la primera en alertar de que no existía concurso para el mobiliario del edificio de Servicios Múltiples de Arroyo, lo que ahora certifica el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y por lo que Del Olmo solicitó una pieza separada en la que indicó se personarían.
Claro que lo que ahora se descubre también es que no había tampoco contrato algo, entre otras cosas porque para adjudicar una obra por esa cantidad de 4,5 millones es obligado un concurso público.
«Confidencial»
«No existen expedientes ni contratos con tal objeto», indican los investigadores policiales en el escrito remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid y al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. Lo que sí hay, siempre según la brigada de delincuencia económica, es «un amago en forma de borrador de anuncio de licitación, para la contratación del expediente, y un cruce de documentos, en forma de presupuestos, por parte de Unifica Servicios Integrales o de solicitud de presupuestos, solicitados a Urban Proyecta». Lo que también llama la atención de la policía es el hecho de que en estos presupuestos de Unifica siempre consignen bajo la acepción de «confidencial».
«Amago» de anuncio de licitación que en el documento entregado al juez se deja claro que se encuentra «sin fechar» y «preparado para la firma del consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado», pero «sin firmar».
«De ahí –continúa la investigación policial– sin que se haya observado la existencia de un expediente público de contratación ni tan siquiera un convenio o contrato privado entre partes, se pasa directamente a la relación de facturas emitidas por Unifica, por los diversos trabajos, obras e instalaciones efectuados en el interior del edificio de Arroyo de la Encomienda».
Hasta seis facturas emite Unifica y paga Gesturcal por importes que oscilan desde los 19.186,40 euros de la de menor cuantía, hasta los 3.892.348,27 euros, de más elevada.
El Grupo de Delincuencia Económica, a la vista de todos los documentos, es contundente en su conclusión: «La empresa pública Gesturcal/ADE Parques abonó a la empresa Unifica una cantidad cercana a los 4,5 millones de euros entre los años 20009 y 2010 en concepto, fundamentalmente, de la instalación de divisiones y señalética interior del edificio de Arroyo, sin que conste sustento contractual para dichas operaciones, al menos en la documentación aportada por la Junta de Castilla y León; tan sólo la facturación de los trabajos realizados».
De Unifica a Urban
Pero ahí no acaban las sorpresa. La investigación de la brigada policial descubre, además, que 1,9 millones del euros del dinero que se pagó a Unifica por el mobiliario fue a parar a manos de Urban Proyecta, la empresa a la que la Junta compró el edificio de Arroyo y los terrenos del polígono de Portillo.
«En esos mismos años 2009 y 2010 –indica el escrito de la policía– Unifica abona a personas y empresas del entorno de Urban Proyecta (Parqueolid, Abascal Consultores y Monari Consultores) cantidades que suman cerca de 1,9 millones de euros». Un dinero que la policía dice desconocer en base a «qué tipo de servicios pueden corresponder».
La Policía Nacional reclama al juez de instrucción 2 de Valladolid que «dicte mandamiento judicial» a la entidades bancarias para que aporten a la policía «extracto detallado» de los movimientos bancarios de las diversas cuentas de Parqueolid, por su «importante incidencia e implicación» con Urban, «en el plazo máximo de 30 días».
El juez César Gil Margareto, además, desestima el recurso presentado por la defensa del que fuera consejero de Economía de Castilla y León, el fallecido Tomás Villanueva, que pedía no sólo el archivo de la responsabilidad penal de su patrocinado, tras su fallecimiento el día 7 de septiembre de un infarto, sino también de la posible civil de sus herederos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El auto del juzgado resuelve mantener íntegramente el dictado el pasado día 9 de septiembre y advierte al defensor de que el escrito que presentó pidiendo aclaración no era tal sino un intento de lograr la modificación sustancial de la resolución judicial e incluso de la Ley Procedimental y del Código Penal. De la misma opinión es la Fiscalía de Valladolid, para la cual la decisión primigenia del juez que declara la extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento «recoge la causa de la misma en los términos previstos legalmente, con lo que se mantendría esta última para los herederos del ex consejero en el supuesto de que se detectase un enriquecimiento ilícito.