Auvasa eleva la tensión con la plantilla y establecerá mañana la jornada partida

Más leña al fuego. El Consejo de Administración de Auvasa activará mañana la jornada partida como forma de aplicar la sentencia del TribunalSupremo que obligaba a la empresa a conceder treinta minutos de descanso a los conductores por cada seis horas trabajadas de continuo. Así lo decidió a comienzos del mes el Ayuntamiento tras el informe del interventor municipal en el que establecía la partición como única forma de dar cumplimiento a la decisión judicial sin incrementar el gasto delAyuntamiento tras más de un año de negociaciones sin éxito.

«El cumplimiento de la sentencia manteniendo la jornada continua no sería viable legalmente porque supondría el incumplimiento de la tasa de reposición», reza el informe de la Intervención al que ha tenido acceso este diario y en el que cifra en 1.645.594 euros anuales el coste que supondría para las arcas municipales contratar a 33 conductores y a dos inspectores-planificadores –cantidad que debería elevarse a cuatro para lograr un funcionamiento óptimo del servicio–. Además, durante el primer año, sería necesario adquirir otro vehículo por valor de 10.000 euros, lo que incrementaría el montante destinado a la empresa de autobuses.

Según el documento elaborado por el interventor sobre la base de otros informes técnicos y externos, al incumplir la tasa de reposición –la legislación vigente sólo permite cubrir las vacantes y no añadir nuevos puestos–, los miembros del Consejo incurrirían en un «quebranto a la Hacienda local» con la consiguiente responsabilidad contable, es decir, que tendrían que responder con su patrimonio para indemnizar el incumplimiento también de la regla de gasto.

El informe sostiene que, para efectuar esta infracción, sería necesario que la empresa pública presentase un PlanEconómico-Financiero en el que compensase el desembolso mayor al presupuestado. Como dicho documento «no podría contar con un incremento de la aportación del Ayuntamiento», sólo podría contemplar dos alternativas lógicas que pasarían por subir las tarifas y disminuir los gastos, ambas de difícil materialización al ser la cuantía de más de 1,6 millones de euros.

Estas son las razones esgrimidas desde el Consistorio para iniciar mañana el procedimiento para implantar la jornada continua, que pasa por la inaplicación de parte del convenio colectivo, cuya renovación está pendiente desde 2013.

A partir de mañana se abrirá un periodo de negociación con los trabajadores de alrededor de cuatro meses tras el que se aplicará de forma efectiva el cambio. Desde la Concejalía de Seguridad y Movilidad apuntan a que utilizarán los «cauces legales adecuados» para establecerlo aunque no se llegue a un acuerdo con la plantilla, que hoy decidirá qué pasos dar en relación a esta modificación a la que se opone de forma tajante y que podrían desembocar en movilizaciones y parasen después del verano.