El Ayuntamiento de Valladolid retoma mañana la gestión del agua tras veinte años
La remunicipalización del servicio no tendrá efectos en la tarifa, que se mantendrá igual hasta 2019
Fue uno de los compromisos incluidos en el pacto de gobierno entre el PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y, desde mañana, será una realidad de la que los ciudadanos sólo serán conscientes, por lo menos de momento, por el cambio en el expedidor de la factura de agosto. El Ayuntamiento de Valladolid volverá a hacerse cargo de la gestión del ciclo integral del agua tras veinte años en manos de la empresa Aguas de Valladolid (Agualid), que todavía se resiste a perder la concesión del servicio y batalla en los tribunales por mantenerla.
A efectos prácticos, la remunicipalización no conllevará cambios apreciables a corto plazo por el ciudadano, que, según han avanzado en más de una ocasión tanto el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, como la concejala de Medio Ambiente y principal artífice de la transición, María Sánchez, pagará, por lo menos hasta que finales de 2018, lo mismo que desembolsaba hasta ahora.
Este aspecto no ha impedido que la decisión de retomar el abastecimiento, la depuración y el saneamiento del agua haya sido objeto de numerosas discusiones y polémicas en el Consistorio, donde el equipo de Gobierno junto con Sí Se Puede se muestran partidarios de la medida frente a los populares, la concejala de Ciudadanos, Pilar Vicente, y el edil no adscrito, Jesús Presencio, que consideran que el cambio de modelo responde a motivaciones «ideológicas» y no repercutirá en un mejor servicio.
Discrepancias iniciales
Ya en la pasada legislatura, la oposición puso sobre la mesa que la gestión del agua volviese a ser pública, pero no fue hasta la llegada de Óscar Puente a la alcaldía cuando esta iniciativa tomó forma al acercarse la fecha en la que expiraba el contrato de Agualid, aunque con discrepancias iniciales por el modelo a elegir. Mientras que los socialistas eran partidarios de una empresa mixta, participada en un 51% por el Consistorio para reservarse la capacidad de decisión, los miembros de VTLP preferían una solución por completo municipal. La fórmula por la que optó el pasado diciembre el Ayuntamiento fue por una empresa pública dependiente del Ayuntamiento, Aquavall, que tendrá de presupuesto, para lo que queda de año, de 14 millones de euros.
La situación en la que quedan los más de 150 trabajadores de Agualid, que, a partir de mañana, pasarán a integrar la plantilla de Aquavall como indefinidos no fijos –una categoría que incluye a algunos de los trabajadores públicos que no son funcionarios– es, precisamente, una de las bazas a las que se agarran tanto la empresa como los grupos de la oposición para defender la permanencia de la concesión. En el otro lado, el PSOE y VTLP consideran que la insuficiente inversión en infraestructuras por parte de la empresa durante los años que fue adjudicataria del servicio justifica que vuelva a pasar a manos municipales y que, al recibir directamente los ingresos y no un canon, podrá destinar más fondos a una red que cuenta, en algunos de sus tramos, con más de cien años de antigüedad.
Además, desde el Consistorio arguyen que la subida de las tarifas a partir de 2019 será menor al no buscar beneficios para una empresa privada y que el proceso de remunicipalización cumple con todas las garantías legales, como ayer recordó Puente en declaraciones recogidas por este diario.
Sin embargo, el camino para remunicipalizar el agua no ha estado libre de obstáculos y trabas, sobre todo desde la empresa, que el miércoles, sin ir más lejos, volvió a incidir en que es «ilegal» y que «costará dinero a la ciudad». Agualid se ha mostrado reticente hasta el último momento a entregar al Ayuntamiento la documentación y el material de los trabajadores para poder efectuar de forma correcta el cambio, además de presentar una demanda en la que solicitaba la suspensión cautelar del proceso que fue desestimada por el juzgado, que aún tiene pendientes tanto el recurso presentado por la empresa como otros dos con firma del Ministerio de Hacienda y de la patronal de empresas dedicadas a la gestión de los servicios públicos.
La concesión del servicio del agua a una empresa privada se materializó en el Pleno celebrado el 26 de mayo de 1997 por un periodo de 20 años. En 2005 se procedió a la ampliación de la concesión para incluir la gestión de la depuradora a cambio de un canon de 800.000 euros.