Puente garantiza que la gestión del agua será pública a partir de julio

«Que estén tranquilos los ciudadanos. El 1 de julio saldrá el agua por los grifos y todo seguirá funcionando». Con estas palabras garantizó ayer un sosegado Óscar Puente el inicio de la gestión pública del servicio a partir de esa fecha y su mantenimiento tal y como se presta en la actualidad después de que el Juzgado de loContencioso Administrativo número 4 denegase, el pasado jueves, la suspensión cautelar del proceso de remunicipalización solicitada por Agualid, a quien aseguró que sancionarán económicamente por incumplir el contrato de concesión al no entregar al Ayuntamiento la información relativa a puestos, antigüedad y salarios de los trabajadores, entre otros aspectos.

A pesar de la bocanada de aire que ha supuesto para el Consistorio la decisión del juez, tanto Puente como la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, se mostraron cautos a la hora de valorar ante los medios el auto judicial. «Hay que hacer un análisis prudente», sostuvo el regidor, que aludió a que el documento es recurrible y a que todavía están abiertos otros tres procesos –impulsados por la Abogacía del Estado, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y por una asociación de empresas dedicadas a la gestión del agua–, además de una demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia que salió ayer a la luz. En todos estos casos, reconocieron, el pronunciamiento del juez podría ser distinto debido a los matices que presentan los documentos.

Indefinidos no fijos

En lo que sí se mostró seguro Puente fue en que será la empresa pública cuya tramitación está ahora en marcha la que se hará cargo del servicio una vez que finalice la concesión de Agualid, vigente desde 1997, ya que «legalmente, nada lo impide y, políticamente, tampoco», por lo que desechó así cualquier tipo de prórroga como la solicitada por la empresa. En cuanto a la subrogación de los trabajadores, el aspecto más espinoso de la remunicipalización, el alcalde se amparó en el Estatuto de los Trabajadores y recalcó que no pasarán a ser trabajadores públicos, sino que se convertirán en indefinidos no fijos –una categoría que sólo existe en el sector público–, un argumento en el que se basó para justificar la principal ‘pega’ puesta por la Abogacía del Estado en su recurso.

En esta línea, Puente reclamó a Agualid la información solicitada sobre las condiciones de los trabajadores y se amparó en la «contundencia» del auto judicial, además de reconocer que, a pesar de la «frialdad» con la que recibió la idea de que la gestión del agua la llevase el Ayuntamiento en su totalidad –su apuesta, históricamente, pasaba por mantener la concesión o por crear una sociedad mixta–, la resistencia de Agualid le ha convertido en un «firme creyente» de que sea un servicio público. «No puedo tolerar que una empresa privada cuestione al Pleno del Ayuntamiento, porque entonces está cuestionando la democracia», aseveró.

La concejala de Medio Ambiente aludió a que el proceso de selección del gerente de la nueva empresa pública continúa en marcha y a que varios de los servicios de la nueva empresa pública han salido ya a licitación o están a punto de hacerlo y criticó a la CVE por ir contra la remunicipalización cuando los lotes que saldrán a concurso público están dirigidos a las pymes de la ciudad.

«Estamos sometidos a una verdadera carrera de obstáculos», indicó Sánchez para ilustrar el enfrentamiento con Agualid como una lucha de «David contra Goliat». «Parece que un Ayuntamiento tiene todas las de ganar, pero parece que estamos en el mundo al revés», concluyó.

Los ‘populares’ acusan a puente de no invertir en el servicio

Nuevo ataque del PP al proceso de remunicipalización de agua. Los ‘populares’ acusaron ayer al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de «ocultar» que «en 2016, primer año de presupuesto propio del tripartito, no realizó el 91,5% de las inversiones en el ciclo del agua que había prometido».

Así lo expresaron ayer en un comunicado recogido por este periódico y en el que arrenetieron contra el regidor por llevar a cabo una rueda de prensa «no respetuosa y que puede prejuzgar el resultado del contencioso en marcha», según reza la nota.

Según alegaron los ‘populares’, de los cerca de 1,1 millones de euros presupuestados para las mejoras en el suministro de agua, «sólo se reconocieron 97.281 euros el pasado año». A esto sumaron que «tampoco consta que se hayan reinvertido los 6 millones de euros del canon ingresado en las arcas municipales por Agualid».

Desde el Consistorio respondieron que todas las inversiones previstas van a ser ejecutadas y que tienen un valor total de 2,6 millones de euros, y sostuvieron «que la parte que no se ejecutó o no se inició en 2016 se está ejecutando actualmente y finalizará antes de que termine 2017», como está previsto en la normativa de las Inversiones Financieramente Sostenibles. La previsión, apuntaron, es que todo termine antes del 30 de junio.