Puente destaca que seguirán “con la misma firmeza” para recuperar la gestión del agua

El alcalde de la capital vallisoletana, Óscar Puente, se felicitó hoy por el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Valladolid que deniega la suspensión cautelar de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de la ciudad para recuperar a partir del 30 de junio de este año la gestión directa del ciclo completo del agua. Puente destacó, desde la “prudencia” de un proceso judicial que “tendrá más hitos en el camino”, que la resolución demuestra que “las cosas se están haciendo bien jurídicamente y los tribunales de justicia así lo están reconociendo”.

El regidor vallisoletano insistió en que este auto constituye un “buen paso” para el proceso de remunicipalización de la gestión del agua y repitió que lo reciben “con satisfacción” para seguir trabajando “con la misma firmeza, seriedad y rigor, para que el 1 de julio los ciudadanos no noten ningún cambio y si lo notan que sea para mejor y se pueda abordar los próximos años el saneamiento de la red”. El objetivo, dijo, evitar fugas y que el servicio esté “en perfectas condiciones”.

El alcalde de la capital del Pisuerga desgranó los contenidos del auto y subrayó que asume que Aguas de Valladolid “no tiene derecho a continuar con la prestación del servicio porque la relación contractual con el Ayuntamiento espira el 30 de junio de este año". En este sentido, repitió que aceptar esta cautelar, según indica el auto, hubiera supuesto una prórroga del contrato "inadmisible" lograda "por la puerta de atrás".

Óscar Puente lamentó que la empresas considerara una especie de “derecho adquirido sine die” la prestación del servicio, algo que ahora descarta el tribunal. “La ejecución de los actos recurridos de la decisión municipal no tiene ninguna incidencia sobre la posición que la entidad demandante tiene como concesionaria del servicio, porque termina su contrato el 30 de junio”, apostilló.

Asimismo, Puente remarcó que la resolución judicial reconoce que “no hay ninguna normativa vigente aplicable que impida la gestión directa del servicio”. “Legalmente nada lo impide ni políticamente tampoco”, dijo, para recordar que la decisión se adoptó por mayoría absoluta del pleno del Consistorio.

En cuanto al alegato sobre el futuro de los trabajadores de la planta, Puente recalcó que el auto, tal y como señalaban ya los informes del Ayuntamiento, indica que la subrogación a la nueva empresa pública, se producirá “por imperativo legal” por aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, Puente constató que el auto señala que esta materia corresponde a la jurisdicción de los social, no al contencioso administrativo. Un argumento que, egún dijo, será válido también frente a las cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado, que “incidían en este aspecto”, dijo. “Siempre hemos dicho que no hay motivo para preocuparse, algo que queda más claro”, sentenció.

Por último, expuso que el auto también rechaza que los estándares de calidad del servicio puedan estar en riesgo y que incluso mejorarán porque uno de los elementos que incidirán en los mismos serán las actuaciones previstas para la mejora de la red.