La jueza reabre la causa contra Blanco y Sánchez por el aval del soterramiento de Valladolid

Vuelta a la casilla de salida. El anterior alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, declarará por segunda vez en calidad de investigado –lo que hasta hace dos años se conocía como imputado– por avalar con las arcas municipales, en enero de 2011, la deuda de 400 millones de euros que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) contrajo con un consorcio bancario para financiar el soterramiento de las vías del tren.

Sin embargo, el exregidor no lo hará solo. En su paseo hasta los juzgados el próximo 23 de mayo lo acompañarán el que fuese concejal de Planificación, Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez, y uno de los actuales ediles del PP en el Ayuntamiento, Alfredo Blanco, responsable del área de Hacienda entre 2007 y 2015. Así lo ha considerado la jueza que lleva el caso tras admitir los recursos interpuestos por la Fiscalía y el Consistorio tras el sobreseimiento inicial de la causa para Blanco y Sánchez.

La razón de este cambio hay que buscarla en la documentación aportada en febrero por el equipo jurídico municipal y con la que se acreditaba que Javier León de la Riva firmó, en julio de 2008 y septiembre de 2010, otros dos avales –cartas de conformidad– por valor de 200 y 70 millones de euros, respectivamente, para la operación ferroviaria, algo que contradice la versión que ofreció el exalcalde en su primera declaración, cuando aludió a que desconocía la relevancia del documento que había rubricado al no haberlo hecho con anterioridad.

Además, el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y estimado ahora por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid sostiene que «existen numerosos correos electrónicos sobre la necesidad de contar con las cartas de conformidad» en los que aparece, entre otros destinatarios, Alfredo Blanco, quien también se desmarcó en su declaración ante la jueza de la firma del documento aludiendo a que «ni sabía» cuando llegó al Ayuntamiento «ni cuando se firmó ni cuando salió».

Por todo esto, en el auto del Juzgado al que ha tenido acceso este diario se establece que, al poder «existir indicios de la comisión de nuevos delitos», procede mantener la fase de instrucción, con las declaraciones, por segunda vez, de los tres investigados y no pasar, todavía, al juicio oral, donde se enfrentarían a los delitos de prevaricación y falsedad documental. El sobreseimiento se mantiene, no obstante, para Carlos Baró, asesor ferroviario del Ayuntamiento en el momento en el que se firmó la carta de conformidad, «por no resultar suficientemente justificada su participación en los hechos», según recoge el auto.

Al ser consultados por este diario sobre la decisión del Juzgado, tanto Blanco como León De la Riva rehusaron hacer expresarse al respecto.

Además de las declaraciones de Blanco, Sánchez y De la Riva, la jueza instructora de la causa ha solicitado al Ayuntamiento de Valladolid documentos para contrastar la versión dada por los tres investigados.

En concreto, el Juzgado reclama un informe de la Intervención General –el órgano encargado de controlar y fiscalizar la gestión económico-financiera y presupuestaria del Consistorio– en el que se detalle «el procedimiento que debería haberse seguido para la suscripción de las cartas de conformidad de 2008 y 2010 y si el contenido de las mismas era acorde con el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento cuando se produjo su firma». También reclama del edificio consistorial «una copia certificada de los decretos de delegación de atribuciones en los concejales de las áreas de Hacienda e Infraestructuras dictados por la alcaldía entre 2007 y 2011».

La jueza también a su vez a la SVAV certificar la identidad de los representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Administración en 2008 y 2010 y remitir copia de las actas de las sesiones en las que se trataron las cartas de conformidad de esos años.