Valladolid se suma al parque de alquiler social de la Junta

El Ayuntamiento de Valladolid suscribirá con la Junta de Castilla y León el convenio de colaboración para el fomento del parque público de viviendas de alquiler social. El acuerdo, que tendrá una duración de tres años, pudiéndose prorrogar hasta un total de seis, facilitará una gestión coordinada de las viviendas, al existir unas de titularidad autonómica y otras municipales, mediante un único sistema que permita agilizar el acceso, según informaron hoy fuentes del Consistorio vallisoletano.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida hoy en sesión ordinaria bajo la Presidencia del alcalde, Óscar Puente, aprobó el convenio de colaboración con el Ejecutivo autonómico sobre el parque público de viviendas de alquiler social. En la actualidad, el Consistorio dispone aproximadamente de unas 60 viviendas destinadas a facilitar alojamiento a personas o unidades familiares que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Los Centros de Atención Social (CEAS) del Ayuntamiento valoran las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias y acreditan la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través de la Delegación Territorial de la Junta para dar lugar a la actuación singular solicitada.

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León se centra en el fomento del alquiler como eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura, concretado, en primer lugar, en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, y complementado con la creación de un parque público de viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general.

El parque público de vivienda en alquiler de la Junta, compuesto por casi 1.600 viviendas, se nutre de casas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl, que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.