Cien afectados de la cooperativa de Arroyo piden recuperar sus 26.000€
Reclaman por vía judicial los 20.000 euros de la entrada de sus viviendas más intereses
Bloques de viviendas en la calle Gregorio Marañón construidos por la cooperativa Arroyo de la Encomienda.-J.M. LOSTAU
Sin sus viviendas y sin el dinero que habían aportado para construirlas. En esta situación se encuentran cerca de 100 cooperativistas de la sociedad Arroyo de la Encomienda –constituida en mayo de 2007 para edificar un bloque de 248 pisos en la localidad vallisoletana del mismo nombre– que, ahora, ven la posibilidad de recuperar la inversión realizada entonces y que asciende a una media de 20.000 euros por persona más los intereses derivados del paso del tiempo, entre 6.000 y 6.500 euros por afectado.
Las viviendas, situadas en la calle Gregorio Marañón, debían entregarse en enero de 2011 como fecha límite. Sin embargo, la quiebra de la constructora encargada de edificar el proyecto con la consiguiente falta de financiación paralizó las obras e hizo necesaria una inversión adicional por parte de los participantes en la cooperativa, que, en julio de 2013, fue declarada en concurso de acreedores. En esta situación, alrededor de cien miembros de la sociedad decidieron darse de baja ante la expectativa de destinar una cantidad mayor sin tener asegurada su vivienda.
«Nos exigieron cinco millones más –30.000 euros– para completar la construcción del edificio, además de los 22.500 euros que ya habíamos aportado», explica Marta Villacé, quien, junto a su hermana, se embarcaron en la compra de uno de los apartamentos proyectados sobre plano. «La situación era muy ambigua, nadie respondía ni nos aseguraba que viésemos construidas las casas, así que, después de muchas noches en vela y muchas consideraciones, decidimos que no continuábamos», reconoce.
Villacé explica cómo, después de darse de baja, los excooperativistas buscaron maneras de recuperar el dinero que habían destinado a esas viviendas, que, tras la entrada de la sociedad en concurso de acreedores, pasaron a formar parte del parque inmobiliario de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria –más conocida comoSareb o banco malo– y se venden actualmente por precios que oscilan entre los 80.000 y los 130.000 euros.
«Todas las respuestas que recibíamos eran negativas y nos daban pocas esperanzas de poder recuperar ese dinero, pero recibimos información de El defensor de tu vivienda –un despacho de abogados especializado en casos de promociones inmobiliarias fallidas– y empezamos a informarnos para conocer si teníamos posibilidades de recuperar la inversión», cuenta la afectada, a quien, junto a los otros excooperativistas, se le presentó la posibilidad de reclamar la cantidad invertida mediante la vía civil, en concreto, a partir de la Ley 57/68.
Esta norma –ya sustituida por un nuevo texto legal más reciente sin efectos retroactivos–exigía a las promotoras y cooperativas contratar un seguro o un aval bancario que garantizara la devolución de las entregas aportadas por los socios en caso de que las viviendas no iniciasen la construcción o no se entregasen en el plazo convenido, como es el caso. Además de la cantidad aportada, los antiguos cooperativistas que ni recibieron sus casas ni recuperaron su dinero tienen derecho a los intereses derivados del paso de los años y que, según fuentes de El defensor de tu vivienda, ascenderían a entre 6.000 y 6.500 euros de media para cada uno.Para obtener estas cifras, el despacho de abogados está presentando una reclamación judicial contra Iberaval, la empresa que garantizaba la construcción de los bloques y que legalmente, es la responsable de devolver el dinero.
Además de la cooperativa Arroyo de la Encomienda, en Castilla y León existen otras sociedades afectadas por problemas similares. En el término municipal de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, la promotora GasplanAsesores S.L. proyectó la construcción de 22 viviendas unifamiliares cuyas obras, hoy paralizadas, han hecho que los compradores no cuenten con sus casas ni tampoco con el dinero aportado en concepto de entrada de la vivienda, una media que asciende a los 25.000 euros. También en León existe un caso similar con el agravante de que las familias que aportaron 25.000 euros por una promoción de 96 viviendas a través de una cooperativa constituida en 2006 se encuentran con que éstas no han empezado a construirse.