León de la Riva declarará el 22 de noviembre por la ‘comfort letter’

El exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, declarará en calidad de investigado –lo que antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se conocía como imputado– el próximo 22 de noviembre a raíz de su implicación en la firma de la polémica comfort letter. El Juzgado de Instrucción nº 4 también ha solicitado al Ayuntamiento que certifique la identidad de Valentín Merino Estrada, secretrio general tanto en la actualidad como en 2011 –fecha en la que se firmó la carta de conformidad–, y de Jesús Velázquez Rodríguez, exinterventor del Consistorio jubilado en 2012. Ambos están también llamados a declarar en calidad de testigos.

Durante su intervención en noviembre, De la Riva deberá explicar con qué respaldo contó para firmar el controvertido documento utilizado para avalar un crédito de 404 millones de euros a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, cantidad de la que el Ayuntamiento debe abonar una cuarta parte que, como declaró hace una semana el actual regidor, Óscar Puente, «pertenece a todos los vallisoletanos». A través de la carta de conformidad, el Ayuntamiento garantizaba, con su patrimonio, la devolución del préstamo a los bancos.

La existencia de la comfort letter se descubrió en diciembre de 2015, cuando Puente y el responsable del área de Urbanismo, Manuel Saravia, desvelaron el documento firmado por el anterior regidor –que no había pasado por el Pleno del Ayuntamiento ni por el interventor– y llevaron el caso a los tribunales, que sobreseyeron provisionalmente la causa al entender que debía resolverse por vía administrativa, camino que finalizó el 1 de septiembre, cuando el Ayuntamiento, reunido pleno monográfico, declaró oficialmente nulo el documento con la abstención del PP. Las diligencias actuales, por lo tanto, están encaminadas a depurar responsabilidades por la vía penal, decisión que, atendiendo a los recursos del fiscal y del Consistorio, hizo que, el pasado día 12 de septiembre, la Audiencia pidiese al Juzgado de Instrucción nº 4 retomar la instrucción del caso y tomar declaración al exalcalde.

De este modo, la Audiencia veía «indicios racionales» de que la firma de la carta de conformidad podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental, ya que, según indica la comfort letter, León de la Riva firmó el documento en representación del Ayuntameinto y «en ejecución de los acuerdos internos suficientes adoptados». El exalcalde aseguró que había firmado el documento confiando en que «había pasado todos los trámites previos» y justificó la falta de comprobación alegando que «para ello, en cada caso, está el correspondiente Concejal Delegado, que tiene que ‘impulsar los asuntos’, y los profesionales de la municipalidad, que deben realizar o informar los trámites que fueran precisos».

El Consejo de Administración de Alta Velocidad se celebrará el día 28 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció ayer que el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad, en el que se debería llegar a un acuerdo para la refinanciación de la deuda contraída por la entidad, se ha convocado para el próximo miércoles, 28 de septiembre, dos días antes de la conclusión del plazo de moratoria acordado con los bancos acreedores a finales de marzo. En declaraciones recogidas por Europa Press, el regidor socialista aseguró que, durante la próxima semana habrá contactos entre los socios –el Ayuntamiento, Adif, Renfe y Junta de Castilla y León– para «ver si se puede llegar a un acuerdo» que, en opinión del equipo de Gobierno, pasa por que las entidades del Ministerio de Fomento aporten una cantidad para completar el pago del nuevo complejo de Talleres y, a partir de ahí, trazar «un nuevo plan» para el soterramiento. Para Puente, la postura del Ayuntamiento «está muy clara», por lo que espera que sea entendida por el Ministerio, pues es «quien tiene la llave de la solución». No obstante, el regidor reconoció que, en caso de que no haya acuerdo la reunión puede ser el inicio de la disolución de la sociedad. Puente reiteró que el Consistorio vallisoletano «no pagará la obra ferroviaria» porque asegura que «no lo hace ningún ayuntamiento de España». Así, entiende que «quien hace la obra y la recibe», en relación a Renfe y a los nuevos talleres de San Isidro, «debe contribuir».