«Ni cambio organizativo, ni aumento de personal»

Los tres sindicatos coinciden; la disminución de funcionarios en la Comunidad conlleva una peor calidad en el servicio. Desde que comenzó la crisis en 2007, Castilla y León fue de las pocas que disminuyó sus efectivos empleados por la Administración Autonómica, además de haber descendido también en las Administraciones Central y Local, las cuales acapararon el 72% del total del empleo público perdido en los últimos nueve años.

En la actualidad, la región cuenta con casi 7.000 trabajadores menos que en 2007: un total de 161.774 funcionarios. Las consecuencias de esta reducción, señalan UGT, CCOO y CSI-F conllevan una pérdida de calidad y un tiempo de espera mayor para los trámites de tipo burocrático.

Carlos López, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, añade que esta disminución de plantilla no ha ido acompañada de un «cambio en el modelo organizativo», por lo que la única consecuencia es la del «empeoramiento de los servicios públicos».

Además, López indica que muchos de las prestaciones que antes llevaba a cabo la Administración, ahora están en manos de compañías privadas, lo que provoca una «eventualidad» en el empleo. Otra de las consecuencias puntualizadas por CCOO es la de falta de «personal efectivo», necesario en determinados sectores, en donde una mala preparación puede provocar «momentos peligrosos».

Comisiones Obreras denuncia que «en cinco años no ha habido oferta pública de empleo» y señalan como factor principal de la disminución de plantilla el incumplimiento con la tasa de reposición. Tanto UGT como CSI-F se suman a este planteamiento; los funcionarios que se jubilan no se han repuesto en su totalidad y esto ha provocado una insuficiencia de personal.

Carmen Ámez, secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, denuncia que esta tasa tiene un balance «totalmente negativo» y exige «cuanto menos listas de reposición». La presidenta afirma además que, aunque hay servicios que se pueden desempeñar mejor con menos personal, otros, como las Administraciones Autonómicas, tienen escasez de trabajadores.

En UGT añaden que «el español necesita un Gobierno responsable, que garantice un mercado laboral sólido y firme y evite la salida de nuestros jóvenes», con independencia del color del partido político que esté en el poder.

Por su parte, Raquel Fernández Herrero, secretaria autonómica de Acción Sindical de CSI-F, denuncia que algunos sectores incluso necesitan sobrepasar el 100% de la tasa de reposición para dar un buen servicio. Al igual que Ámez, Fernández denuncia los excesivos tiempos de espera para asistir al médico, y puntualiza que estos alcanzan plazos de «hasta doce días».

En comparación con otras comunidades autónomas, Castilla y León, recalca Fernández, fue de las más austeras y por lo tanto una de las que más necesita aumentar su tasa de reposición para así mejorar la calidad del servicio, exigiendo este aumento de empleo público tanto a la Junta como a nivel nacional.

CSI-F lamenta además la actual actitud de los distintos partidos, pues denuncia que el tema «se ha dejado fuera del debate político» y añade que este incremento de personal supondría una mejora en los servicios públicos que «los ciudadanos se merecen».

De cara a la formación de Gobierno, las organizaciones sindicales reclaman al nuevo ejecutivo cumplir con la reposición de jubilaciones para la consecuente mejora en los servicios públicos, una situación que de momento es valorada de forma negativa.