La CVE dice que cambiar la gestión del agua costará 500.000€ más al año
«La remunicipalización del agua en Valladolid costará 500.00 euros más cada año». Así de contundente es la cifra que ha estimado la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) respecto a la iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, a la que solicita que «reconsidere su posición y apueste por una gestión privada» por este motivo, entre otros muchos que pretexta la Confederación.
Según la patronal, la gestión del agua por un grupo empresarial privado, ha conseguido un nivel de eficiencia que se traduce en un ahorro superior al 12% respecto a una empresa pública.
Además, Ángela de Miguel, presidenta del CVE, ha expresado en declaraciones a este diario que «tenemos el agua más barata de España y de mayor calidad y deberíamos estar orgullosos y mantener lo que hemos logrado en 20 años».
Desde la Confederación se aducen unos datos que comparan la situación actual con la de 1996, último año en que la gestión del agua pertenecía a una empresa municipal, y que señalan que el rendimiento de la red ha aumentado en estas dos décadas del 57% a un 77% actual, con unas pérdidas de agua que se han reducido en más de un 60%, ahorrándose más de 10 millones de m3 al año.
Esta mejora se ha conseguido con la utilización de modernos métodos de gestión propios de Aguas de Valladolid que según la presidenta del CVE no se encuentran en el mercado, por lo que esta remunicipalización supondría además «muchos cambios técnicos complicados».
Por otra parte, la situación de la plantilla de Aguas de Valladolid pasaría a ser inestable ya que aunque el Ayuntamiento ha asegurado que en principio todos los trabajadores serían absorbidos por la empresa pública, lo harían con un estatus de «indefinidos no fijos», ya que el régimen especial de la Administración establece que para trabajar en ella hay que pasar un proceso de selección, ha asegurado De Miguel.
La CVE declara además razones adyacentes para evitar este cambio, como el fondo de solidaridad de 60.000 euros para cubrir las facturas de agua de las familias en riesgo de exclusión social, que desaparecería con la remunicipalización.