La Fiscal Superior reclama una «reforma integral» de la Administración de Justicia

La fijación de plazos para la instrucción judicial ha supuesto un quebradero de cabeza para los fiscales, que son los que han tenido que asumir la revisión de las causas pendientes para su calificación. La Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, lamentó que el proceso haya supuesto una sobrecarga de trabajo para un colectivo ya de por sí saturado.

Rodríguez manifestó ayer en Valladolid que la intención del legislador de agilizar los procesos penales ha supuesto la introducción de «cuñas que no son de la misma madera», lo que «está provocando desajustes». Para la Fiscal Superior de la Comunidad, hay falta de medios humanos y materiales. «El problema es estructural del propio modelo y de la falta de una reforma integral de la Administración de Justicia que no acaba de llegar», señaló.

Por su parte, el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo criticó al Ejecutivo por introducir la reforma «manu militari». El problema al que se enfrenta la agilización de los procesos penales, según Crespo, es el propio sistema español, en el que «existe la posibilidad infinita de incidencias procesales, lo que nos diferencia de todos los países desarrollados y supone un lastre para la celeridad», explicó el fiscal ayer en el Colegio de Abogados de Valladolid.