El juez del 'caso PGOU' remite la causa a las defensas en formato digital para que califiquen antes de un mes

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha dado traslado de toda la causa, en formato digital, a los abogados defensores de los acusados por el denominado 'Caso PGOU' para que con un plazo común a todos ellos de un mes puedan elaborar, con todas las garantías, sus respectivos escritos de defensa.

Así, el plazo vence a todos los defensores el día 26 de mayo, excepto para el encausado Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, al que se conceden treinta días más debido a que hasta hace poco no se le había podido notificar el auto de imputación, con lo que las previsiones es que en julio estará concluido el trámite de calificación y la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial podrá fijar fecha de juicio, presumiblemente en el último trimestre del presente año.

La remisión el pasado día 12 de abril de la causa, compuesta por más de 9.000 folios, a los defensores evitará así que la fase de calificación de éstos se demore hasta 2017, algo que se hubiera producido si en lugar de la copia de las actuaciones se hubiera facilitado a cada uno de los letrados la documentación original, de forma que entonces se hubieran tenido que turnar, con un mes de plazo cada uno, para elaborar sus respectivos escritos, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La facilitación de la copia de lo actuado a los defensores se produce después de que el propio instructor, con el fin de evitar dilaciones, dictara una providencia instando al Ministerio de Justicia a que adoptara tal medida.

Se da la circunstancia de que todas las defensas, a excepción del representante legal de José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid, habían presentado recurso ante el juez y la Audiencia Provincial para que quedaran sin efecto los trámites de calificación por entender que el auto de apertura de juicio oral les causaba indefensión.

En concreto, aludían a trato de favor recibido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en el trámite de calificación ya cumplimentado por ambas partes y solicitaban disponer de toda la causa original o en su caso de fotocopias de todo ello para poder elaborar sus respectivos escritos, como así estipula la ley, petición esta última que ha atendido el juez para abreviar la fase calificadora.

La únicas partes que han presentado ya sus escritos son las acusaciones pública y la popular. La primera solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios.

A los encausados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de encausados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

PERITACIÓN PREVIA AL JUICIO

La acusadora pública solicita asimismo, para su práctica antes del juicio oral, con la finalidad de determinar la cuantía la multa a imponer por los delitos de tráfico de influencias, que se designe a un perito titulado que dictamine sobre los beneficios pretendidos en la tramitación de los expedientes relativos a las parcelas de la Avenida de Madrid, P.K. 185, y los obtenidos como consecuencia de los tramitados en relación a las fincas de José María Lacort con Simón Aranda ('Cáritas') y la calle Arca Real número 54.

Además, de entre la extensa prueba testifical destaca la pretensión de que comparezca en el juicio, en calidad de testigo el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva--ya quiso llevarlo como acusado--tras recordar que cuando se inició la tramitación del expediente de modificación del PGOU no sólo era el máximo representante de la institución sino que también "presidió las juntas de gobierno local en las que se adoptaron distintos acuerdos relacionados con los hechos incluidos en la causa e igualmente hizo lo propio en numerosos plenos en cuyo orden del día figuraban acuerdos que conciernen a los hechos".

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó en septiembre su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.