Educación es condenada por rechazar una petición de ASPES sin esperar la respuesta de Hacienda

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha condenado en costas a la Consejería de Educación por rechazar, sin esperar la respuesta previa de la Viceconsejería de Hacienda, la petición del sindicato ASPES-CL de incluir en la oferta de empleo público de 2014 un número suficiente de plazas de los cuerpos de catedráticos de Enseñanzas Medias.

El pleito se remonta a mediados el año 2013, cuando ASPES-CL solicitó formalmente a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León la inclusión en la oferta de empleo público de plazas del cuerpo de catedráticos de Enseñanzas Medias, para garantizar el derecho a la promoción profesional que la ley reconoce a los docentes de Secundaria, "prácticamente el único colectivo de toda la Administración que carece tanto de carrera profesional incentivada como de posibilidad de ascenso en el escalafón administrativo".

Sin haber contestado Hacienda, la Consejería de Educación se interpuso en la solicitud y la rechazó, al entender que era contraria al límite del 10% de tasa de reposición (cupo de plazas de nueva creación).

"En forma y fondo era una respuesta claramente ilegal: en cuanto a la forma, porque a Educación no le cabía turno de respuesta (el requerimiento era para Hacienda) y no daba pie a posibles recursos, y en cuanto al fondo, porque las plazas de catedráticos no son plazas nuevas sino la transformación de algunas ya existentes", explica el sindicato.

Ante ello, mediante recurso de alzada en mayo de 2014, ASPES hizo ver a Educación que estaba incumpliendo la normativa, sin que hubiera respuesta por parte de esa instancia administrativa, lo que llevó al sindicato a recurrir a la justicia administrativa, cuya primera resolución ha sido condenar a la Junta por su proceder de forma ilegal.

En concreto, el juzgado, en sentencia nº 00195/2015 de 18 de noviembre de 2015, ordena a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación que proceda a reenviar a la Viceconsejería de Hacienda la solicitud de ASPES, con el fin de ser atendida y resuelta.

Argumenta el juzgado que la respuesta a la petición de ASPES debió de darse lógicamente desde Hacienda (con explicación de razones para la denegación y posibilidad de recursos) y no desde Educación, lo que provocó una indefensión determinante de nulidad de pleno derecho del art. 62 de la ley 30/92. Además, el juzgado impone a la Administración el pago de las costas procesales.

ASPES-CL, a través de un comunicado, ha advertido de que seguirá insistiendo ante la Administración autonómica hasta conseguir que se convoquen las plazas para catedráticos de Enseñanzas Medias en la correspondiente oferta de empleo público, habida cuenta de la constante conculcación del derecho a la promoción profesional que viene sufriendo este colectivo docente.

Asimismo, ASPES-CL entiende que resultaría mucho más aconsejable para la imagen de la Consejería de Educación, y más económico para las arcas públicas, que la Administración educativa se dedicara a gestionar los asuntos de su competencia de forma correcta y conforme a la legalidad, evitando tanto las arbitrariedades normativas como las costas procesales, que terminan siendo abonadas con el dinero de todos.