El debate de los sueldos eleva la tensión en el Ayuntamiento

«El alcalde está planteando que no cobre absolutamente nada por mi trabajo en el Ayuntamiento». Así de contundente se mostró la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Pilar Vicente, sobre la propuesta que el PSOE va a llevar al próximo pleno del 1 de diciembre con la que pretende que se elimine la indemnización de 11.002 euros que reciben los concejales que tienen otro cargo público.

El Partido Popular, que sería el más afectado con esta medida ya que a ocho de sus concejales les afectaría la propuesta, se muestra totalmente contrario. La medida supone «un tratamiento discriminatorio que no se sostiene», afirmó el líder del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo.

Considera, que la propuesta del PSOE «tiene dos grandes errores». Por una parte la retribución -que se quiere eliminar-, «se llama por asistencia al pleno, pero es una retribución no por la asistencia, sino por la preparación y organización que ellos suponen», explicó Bermejo. «Una sobre carga de trabajo que tiene la gente fuera del horario».

El segundo error que considera el líder de la oposición es la «desigualdad» que supone la propuesta para «la gente que hace un trabajo a mayores» en función «de si esta labor la desarrolla en un ámbito público o privado. Es una discriminación».

Bermejo, puso de ejemplo que «un funcionario que cobra 900 euros al mes, no recibiría esta indemnización, mientras que alguien que trabaje en el ámbito privado y cobre 100.000 euros al año, sí que lo recibiría».

En esta desigualdad entre las ocupaciones públicas o privadas de los concejales también coinciden desde Valladolid Toma La Palabra. «Estamos de acuerdo con que una persona con dedicación exclusiva no cobre dos veces», pero ante los casos que no tienen esa dedicación exclusiva, la portavoz de la agrupación, María Sánchez, afirmó que supone un «agravio comparativo» que «las personas que trabajan en el ámbito privado reciban su indemnización y los funcionarios no».

Sánchez insistió en que esa parte debería tener una modificación, al igual que la propuesta de incrementar en 218 euros el sueldo de los concejales con dedicación exclusiva. «No lo vemos prioritario, nuestro objetivo era una bajada del sueldo del 25%, donde fuimos flexibles para llegar a un consenso», explicó la portavoz.

En Ciudadanos la propuesta tampoco se ha recibido con agrado, ya que consideran que «es una pataleta del alcalde» como consecuencia «a la bajada de su sueldo» y creen «que puede ser una medida ilegal», explicó Pilar Vicente.

«Lo que está valorando es que cobremos más que él y la indemnización como un perjuicio económico» añadió, lo que para su partido significa que «el alcalde no está valorando el esfuerzo de la gente que está en dos instituciones».

Vicente, que a su vez es diputada provincial considera que «el alcalde está planteando que no cobre nada por su trabajo en el Ayuntamiento».

Un hecho sobre el que Bermejo opina que si esto fuera así, «en las próximas elecciones ninguna persona que pertenezca a una institución pública se presentaría, porque no recibiría compensación por su trabajo», lo que no sucedería con alguien que lo ejerza en el ámbito privado.

Por su parte, Héctor Gallegos, miembro de Sí se Puede al que afectaría la medida, no ha querido pronunciarse sobre la postura de la agrupación. «Todavía lo estamos valorando y tenemos que estudiar si hacemos alguna enmienda al respecto o no».

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos consideran que la propuesta del PSOE viene como consecuencia de «enfado del alcalde» por bajar su sueldo sobre la referencia de los 90.000 euros. «Lo que le ha bajado el sueldo al alcalde ha sido la ley y su propia propuesta de aplicar el 15%.Una propuesta que respetamos», aseguró Bermejo. Y mantiene, al igual que Pilar Vicente, que la enmienda que apoyaron ambos partidos, fue para que la bajada que debía relizarse fuera dentro del «cumplimiento de la legalidad». Esta propuesta tan solo podría afectar, aunque no se sabe con certeza, a una concejala del PSOE, Rosario Fernández, que también pertenece a una fundación que depende de fondos públicos.