Fomento busca ahora un piso para la familia que desahució

«Ningún castellano y leonés va a quedarse sin vivienda en caso de tener que desalojar la suya por la causa que sea, y no tenga otro recurso residencial». Así respondió el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a la denuncia presentada por el Procurador del Común al Servicio Territorial de la consejería por el desahucio de una madre y sus tres hijos de un edificio de Huerta del Rey.

La familia fue desalojada en marzo de la vivienda de propiedad de la Junta en la que residía ilegalmente, «sin tener en cuenta su vulnerabilidad», según la denuncia del Procurador del Común.

En lo relativo a este caso en particular, el consejero de Fomento aseguró ayer, que el director general de su consejería pedirá una audiencia con el Procurador para «poner de manifiesto los distintos pareceres que puede haber sobre los hechos ocurridos», según Quiñones, porque «hay informaciones sobre las que tenemos divergencias».

Asi, recordó que existe un parque público de viviendas donde hay una reserva «dispuesta a atender estos casos en perfecta coordinación con la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades». Tras el estudio correspondiente que llevarán a cabo los servicios sociales, el caso será derivado con la necesidad urgente, con lo que la consejería pondrá a disposición una casa para esta familia «de forma inmediata», según el consejero.

Suárez-Quiñones recalcó que los servicios jurídicos de la institución que preside Javier Amoedo «son extraordinarios», y por tanto la Junta tiene en cuenta todas sus resoluciones para «atenderlas e implementarlas cuando coincidan con las líneas políticas de la Junta». Quiñones admitió que «es posible» que las informaciones de las que disponían fuesen erróneas, y lo que procede ahora es esclarecer la situación para que «no haya distintos baremos» a la hora de explicar posturas y dedicir una actuación al respecto.

Declaraciones que el consejero realizó tras conocer la denuncia del Procurador, el cual definió la actuación de Fomento como «inadecuada», entre otros motivos porque a la madre, que ya no contaba con la renta garantizada, solo se le proporcionó la opción de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda pública, «una vía muerta», según explicó Amoedo.

El representante de la consejería de Fomento insistió en que entre el Procurador y la consejería «no hay ninguna divergencia» en cuanto a la política general de vivienda, basada en políticas sociales que «atienden a personas que por razones de necesidad o exclusión necesitan un inmueble». «La política de vivienda va por el camino que debe ir», añadió Suárez-Quiñones, «enmarcada en el diálogo social».