Valladolid
El proyecto se mantiene: el servicio de atención al público se trasladará
PSOE y CVE pidieron que las ventanillas se mantuvieran en Gamazo, pero el INSS no contempla esta posibilidad
Dentro del hermetismo que rodea el traslado desde la calle Gamazo a la Ciudad de la Comunicación, sí ha podido despejarse otra duda que se había planteado:si el servicio de atención al público se quedaba en el centro de la ciudad como pidió el Ayuntamiento.
La respuesta es que se marcha todo. «El proyecto se mantiene como estaba previsto, con el traslado de las direcciones generales y de todo el personal que trabaja en la actualidad en el edificio de Gamazo», apuntaron las fuentes.
El mantenimiento de las oficinas de atención al público de Gamazo tomó fuerza tras la apuesta del equipo de Gobierno municipal de construir la Ciudad de la Justicia en el viejo colegio El Salvador de San Pablo, en detrimento de la apuesta del Ministerio por la parcela de Villa de Prado-Girón. La iniciativa activó en el mes de julio una corriente de adhesiones en favor de retener las instituciones públicas en el centro de la ciudad.
Así la Confederación Vallisoletana de Empresarios y los sindicatos no solo apostaron por crear el Campus de la Justicia en San Pablo, sino por retener la atención a público en la Seguridad Social de Gamazo. La propuesta del PSOE, que respaldó esta idea y anunció que la llevaría a Pleno, era que las direcciones generales se trasladasen a la Ciudad de la Comunicación, pero que las ventanillas de atención al público permanecieran en las oficinas de calle Gamazo que atienden a diario a una media de 300 administrados.
El alcalde Óscar Puente movió ficha después de que CCOO, UGT y la CVE enviasen una carta en la que le pedían que «frenase la marcha» del INSS a la Ciudad. En su misiva, incidían en el negativo impacto económico para el centro de la ciudad, y exponían su rechazo al traslado a la «incomunicada» Ciudad de la Comunicación, situada junto al ferrocarril «eternamente no soterrado », en un espacio urbano «desértico» y «sin garantías razonables de desarrollo viable, sin accesos directos y con notable déficit de servicios, aparcamientos y mobiliario urbano», concluían.