Consejo de Gobierno
El adelanto en los presupuestos del Estado para 2016 no cambiará el calendario de la Junta
Del Olmo considera “beneficiosa” para la Junta la aprobación del proyecto ya que conocerá más pronto las entregas a cuenta del próximo año
El adelanto en la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 no alterará el calendario de la Junta de Castilla y León, que prevé cumplir los plazos fijados en el Estatuto de Autonomía, con la presentación antes del 15 de octubre del borrador sobre las cuentas de la Comunidad para el próximo ejercicio. No obstante, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, destacó que la Comunidad conocerá la cifra definitiva de las entregas a cuenta más pronto.
En ese sentido, Del Olmo consideró una decisión “beneficiosa” para la Junta que el Gobierno haya decidido adelantar la presentación de los presupuestos, que normalmente llegan al Congreso de los Diputados a finales de septiembre. La consejera explicó en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que otros años conocían a finales de julio la primera estimación de las entregas a cuenta, que no se confirmaban hasta la aprobación del proyecto de presupuestos en septiembre.
La titular de Hacienda consideró “afortunado” que el Gobierno presente un presupuesto en el último año de su mandato, a diferencia de lo que hizo el anterior ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Pilar del Olmo recordó que esta decisión impidió a la Junta elaborar sus cuentas, por lo que tuvo que aprobar una prórroga presupuestaria en 2012.
La consejera aseguró que normalmente se celebra una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 31 de julio o a primeros de agosto en la que el Gobierno informa de las entregas a cuenta a las autonomías. Pilar del Olmo reconoció que la cita igual se adelanta o atrasa, debido a que ese día está previsto la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. No obstante, aseguró que su departamento trabaja ya en las cuentas, con un límite de déficit del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).