Política/ Investidura de las Cortes

Herrera, más de 14 años de apuesta por el diálogo social, el apoyo a la familia y la ordenación del territorio

El candidato 'popular' afronta un nuevo mandato tras cuatro años de lucha contra la recesión y el paro, marcados por los recortes y la regeneración

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ICAL

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Juan Vicente Herrera (Burgos, 1956) afrontará en las próximas semanas su quinta investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, tras 14 años de acción política que han tenido como protagonistas el diálogo social, el apoyo a la familia y las políticas de población y ordenación del territorio. Además, su labor en el Gobierno autonómico ha tenido que hacer frente a un difícil contexto en estos últimos cuatro años, marcados por la recesión, el paro, los recortes y las demandas de regeneración democrática.

Herrera, que aspirará a la reelección la próxima semana como jefe del Ejecutivo autonómico, llegó a la Presidencia de la Junta, en sustitución de Juan José Lucas, en marzo de 2001. El dirigente 'popular' considera que ha cumplido lo prometido hace cuatro años en su discurso de investidura, cuando la crisis ya había golpeado el país, por su apuesta por la recuperación económica y el empleo, la cohesión social y calidad de los servicios públicos, la construcción de la Comunidad y la mejora del trabajo político y compromiso con la regeneración política.

El procurador por Burgos y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, que se convirtió en presidente de la Junta, sorprendió en su primer discurso de investidura con dos ejes nuevos para el Gobierno del PP en la Comunidad Autónoma: la despoblación, con lo que reconocía un problema que hasta entonces se había negado, y la necesidad de fortalecer el sistema financiero, ya entonces habló de una integración de las cajas.

A lo largo de varias legislaturas ha mantenido su apuesta por estos dos proyectos estratégicos junto a las políticas de apoyo a la familia, que en julio de 2003, cuando compuso su primer gabinete, otorgó una consejería. A estas iniciativas unió el modelo de ordenación territorial, comprometido en su debate de investidura de junio de 2007, que se presenta ahora como una de las prioridades para la nueva etapa, junto a la recuperación de la economía y el empleo, marcado por la mayor tasa de paro.

Defensor apasionado del Estado de las Autonomías, entiende que el autonomismo útil es una seña y la esencia de la propia configuración de las comunidades, como Castilla y León, y un modelo de éxito en la trayectoria de la España democrática, que ha repetido en cada intervención pública. Poco amante de los focos y de la política mediática, concibe la política como un servicio público, desde la cercanía y el paisanaje, uno de los calificativos más frecuentes de su diccionario. Desde el inicio del mandato, regularizó la respuesta en las Cortes a las preguntas de la oposición. En marzo de 2001, presentó un contrato con la mirada en 2011, que algunos interpretaron como el tiempo que estaría en la Presidencia.

Sin embargo, volvió a presentarse a las elecciones de ese año en las que obtuvo el mejor resultado para su partido, con 53 procuradores de 84 y una diferencia de casi 22 puntos sobre los socialistas. Este récord histórico, avalado por el 51,5 por ciento de los votos, dejó al PSOE con 29 sillones en el Legislativo autonómico. Ahora, Herrera afronta una nueva etapa con 42 procuradores, al quedarse a uno de la mayoría absoluta, una situación inédita en la Cámara para el PP desde hace 24 años.

Apoyo a la familia

Las medidas dirigidas a la familia, la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad y la lucha contra la violencia de género conforman las líneas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde se engloba también la dependencia. La procuradora y exalcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, fue la primera consejera de esta área, a la que ha seguido César Antón y Milagros Marcos. Los pilares de este departamento se han asentado con las leyes de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, contra la Violencia de Género y de Impacto de Género, que obligará a recoger esta perspectiva en todos los planes, leyes e iniciativas de las Cortes. La propuesta contra la violencia de género se convirtió en dictamen del Comité de las Regiones de Europa, defendida por Herrera en Bruselas.

Pese a las dificultades, el presidente destaca de estos últimos años el mantenimiento de la calidad y equidad de los servicios públicos y recuerda que Castilla y León es una de las cinco comunidades con un programa propio de becas y en la que se mantienen escuelas abiertas con cuatro alumnos. También se muestra orgulloso de los servicios sociales, al contar, pese a la crisis con 2.700 plazas residenciales más que hace cuatro años, 2.000 más en centros para personas con discapacidad y 4.000 más en centros escolares para niños de cero a tres años.

Ordenación territorial

El nuevo modelo territorial comenzó a desarrollarse en este último mandato a través de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Se trata, a juicio del presidente, de uno de los proyectos de Comunidad de la pasada legislatura, que logró el apoyo de la oposición socialista. El Ejecutivo aprobó el mapa de áreas funcionales estables, espacio en el que se delimitan los municipios colindantes a las capitales y localidades más grandes, con una población de 1.606.000 habitantes, el 64 por ciento de la de Castilla y León. Se trata del primer paso en el desarrollo del modelo de ordenación aprobado hace ahora un año en las Cortes con el pacto de PP y PSOE.

Ganar población

Uno de los caballos de batalla entre gobierno y oposición socialista, Junta y grupos de las Cortes acordaron una Estrategia de la Población, después de escuchar aportaciones de expertos, colectivos e instituciones. En su investidura de 2007, Herrera invitó a los grupos a revisar las medidas trazadas, después de reconocer la existencia de “claroscuros” porque, con un crecimiento de la población en los ocho primeros años de este siglo, están por debajo de la media nacional e incluso un descenso en los dos últimos.

Así se fraguó la Agenda de la Población, que presentó en las Cortes en 2010, con la mirada en las familias, jóvenes, inmigrantes y emigrantes y la discriminación positiva hacia los pueblos. La Junta también impulsó una alianza nacional e incluso en Europa para hacer frente a un problema que considera compartido con el resto del país. Por ello, junto a otras autonomías ha demandado un pacto por el cambio demográfico.

Diálogo Social

Con ley de las Cortes, el diálogo social tiene un reconocimiento institucional, desde esta legislatura. Unos 40 acuerdos han sido sellados por el presidente y los líderes de los sindicatos (CCOO y UGT) y la patronal, entre los últimos el refuerzo de las políticas activas de empleo con las ayudas a parados sin prestación o subsidio o las inversiones comprometidas en la creación de plazas residenciales.

Entre los logros de esta iniciativa destaca la renta garantizada de ciudadanía, uno derecho recogido en el Estatuto para las personas sin ningún recurso. Competitividad, apoyo a sectores estratégicos, como el automóvil, o plan de infraestructuras están en la firma del diálogo social. Uno de los últimos pactos rubricados fue el que distribuyó los recursos procedentes del Fondo de Facilidad Financiera, al que la Comunidad se acogió por ofrecer financiación en condiciones más ventajosas que el mercado.

Más Estatuto

Asumida la competencia de sanidad, en 2002, con un plan de modernización de las infraestructuras sanitarias y un presupuesto anual que destina uno de cada tres euros de las arcas de la Junta a este departamento, la negociación se dirigió a recibir la gestión de los medios materiales y personales de la justicia y la Cuenca del Duero. La transferencia sobre la justicia ha saltado el límite de ser la más larga, desde 2002.. Un giro radical tomó el traspaso sobre el Duero al anular el Tribunal Constitucional el artículo 75.1 sobre la competencia de las aguas.

Relaciones con el Gobierno

En los últimos meses, la solución del problema del cárbon ha sido el principal eje de las negociaciones de Herrera con el Ejecutivo central, unas relaciones que durante los cuatro últimos años han estado teñidas de fuertes desencuentros, pese a la coincidencia de color político. Las fuertes críticas al ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien vinoa responsabilizar de los resultados del PP en León y cuya dimisión pidió el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago, han sido el último episodio de una colección de enfrentamientos, especialmente, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la ordenación local y la financiación de las comunidades autónomas.

Sin embargo, a lo largo de estos cuatro años ha habido otros puntos calientes, como los protagonizados con el Ejeuctivo de José Luis Rodríguez Zapatero, por el modelo de financiación autonómica, el cierre de la central de Garoña o el traslado a Cataluña de los legajos del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Ello no fue óbice para que ambos Gobiernos cooperaran en otras materias como la solución industrial a la planta de Renáult en Valladolid o para que el propio Herrera reconociera el esfuerzo inversor en las obras ferroviarias del Ejecutivo socialista..

Nueva agenda exterior e interior

El impulso a la relación con las instituciones de la Unión Europea y con Portugal han sido dos de las prioridades en la nueva agenda de acción exterior. Herrera ejercicio la jefatura de la delegación Española en el Comité de las Regiones y es uno de los vicepresidentes de la Mesa de esta institución donde están los entes locales y regionales. Castilla y León es, además, uno de las cinco comunidades que tiene Delegación Permanente en la capital comunitaria. Con el país luso se ha dado el paso de “vecinos a socios” y, en esa línea se firmó un memorandum con el Gobierno portugués. Además, Castilla y León, Galicia, Asturias y las regiones Norte y Centro de Portugal han creado la primera macrorregión, bautizada como Regiones del Suroeste Europeo.

La conocida como relación horizontal se ha fraguado en acuerdos con todas las autonomía limítrofes y con el grupo se seis que han reformado sus estatutos.

Sistema financiero

Junta, partidos políticos y agentes sociales presentaron una propuesta de integración de las cajas en 2008, en lo que el presidente del Ejecutivo autonómico bautizó como la creación del “músculo financiero”. Sin embargo, sólo Caja España y Caja Duero, tras la fusión, caminaron juntas hasta sumarse a Unicaja, mientras que las cajas de Burgos, Ávila y Segovia han elegido otros socios. La primera Banca Cívica, con las cajas de Navarra y Canarias, para integrarse después en La Caixa y las segundas están en Bankia, grupo liderado por Caja Madrid. La Junta reconoce que el resultado no era el modelo que propugnaba, pero destaca la unión de España-Duero, que ha quedado enmarcada en Unicaja, pero que mantiene estructura propia y autonomía en la Comunidad.

Crisis económica

El Gobierno autonómico presume de que fue uno de los primeros en reconocer la crisis y tomar medidas, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no la reconocía. En mayo de 2008, la Junta presentó 27 medidas para la reactivación de la economía. Sin embargo, el número de parados supera los 223.000, pese a que hace un año eran 250.000. Tras los “difíciles” 2011 y 2013, el presidente ve clara la recuperación en el último año con la creación de 45 empleos al día.

Herrera considera que se han sentado las bases de la recuperación, apoyadas en el cumplimiento del déficit, en un sistema fiscal de apoyo a las familias y empresas, en el Diálogo Social y en el esfuerzo con las políticas de empleo, que cuenta con 376 millones de euros autónomos, junto a los 195 millones de las entidades locales para planes de empleo, que han permitido 26.800 contratos

Siempre a Villalar

En 2001, al poco de ser elegido, Herrera acudió a Villalar de los Comuneros unas semanas antes del 23 de abril. De forma tímida aun, acudió a la campa el Día de Castilla y León en 2002. La cita se mantiene ya todos los años y la relación del PP con la fiesta se ha normalizado desde que en 2006 se adhirió al manifiesto que hasta entonces sólo firmaban los partidos de izquierda, sindicatos, algunas opas y asociaciones de vecinos. Sin embargo, en los últimos años no ha sido posible el consenso de todos sobre el texto, aunque el presidente ha mantenido en su agenda la cita en la villa comunera.  

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