Justicia retiró a cuatro jueces de las colapsadas salas de lo Social

Dentro de la cargada situación de trabajo de la administración de Justicia de Valladolid, dos apartados se llevan la peor condena: los cuatro juzgados de lo Social y el único de lo Mercantil; aquellos en los que más repercute la coyuntura económica de los últimos años para empresas y trabajadores.

En desgraciada sintonía con el mundo laboral del que se ocupan, la principal razón del atasco en los cuatro juzgados de la Plaza del Rosarillo es la falta de ‘mano de obra’.

Los cuatro jueces de refuerzo con los que contaban a principios de este año fueron relevados en marzo en marzo sin que el Ministerio de Justicia aportara sustitutos. Mientras, los asuntos pendientes a finales de septiembre ascendían a 4.035, una media de 1.009 por cada juez. Las cifras tienen todos los visos de un atasco similar al mismo con el que comenzó el año, cuando había 4.446 asuntos pendientes. Y eso que en nueve meses han resuelto 3.771 casos.

El abandono forzoso de los cuatro jueces de ayuda – que no contaban ni con secretarios ni auxiliares que les acompañaran– se deja notar en la estadística. Los asuntos resueltos en el primer trimestre fueron 1.595, en el segundo 1.359 y en el último (con el parón vacacional añadido) de tan sólo 817, casi la mitad que a comienzo de año.

«Que nos quitaran a esos jueces es algo inaceptable», señala el titular de una de las salas que prefiere que no se publique su nombre «para evitar un afán de protagonismo» y que rompe su costumbre de no hablar con la prensa «para explicar una situación que afecta al conjunto de la sociedad».

Este juez considera «muy grave» el recorte de los refuerzos «que no explica frente a la persistencia de jueces de apoyo en, por ejemplo, León, una ciudad con menos litigiosidad que Valladolid». Además, los responsables de la administración de Justicia vallisoletana piden desde hace tiempo dos juzgados más de lo Social mirando, por ejemplo, el agravio comparativo con Santander, «que tiene seis cuando su población y litigiosidad es menor». Una esperanza de aumento de órganos muy débil «si se tiene en cuenta que el Juzgado de lo Social número 4 se pidió en 1998 y se abrió en 2008 y eso que no existían las restricciones presupuestarias de ahora».

La tasa de congestión de un juzgado se estima por la suma de asuntos pendientes, los asuntos nuevos y los resueltos en un mismo periodo de tiempo. La situación de ese juzgado es mejor cuanto menor sea la tasa. En el tercer trimestre de este año, esa tasa en el conjunto de los juzgados de Valladolid era de -2,1%. En los de los de lo Social, del 8,8%.

El titular del juzgado de lo Social aclara que para llegar a esa situación hay que tener en cuenta más factores que la retirada de refuerzos, como «la clara infradotación en esta jurisdicción en Valladolid».

También sufren la paradójica situación de que los polémicos cambios normativos de los últimos años que han aliviado a otros juzgados, llegados a lo Social se convierten en más carga de trabajo.

«El primer gran impacto base fue la Reforma Laboral. Antes de ella, en un ERE no cabía la posibilidad de impugnar ante el juzgado y ahora sí. Esto era evidente que iba a traernos más asuntos, pero nadie previno un incremento de la plantilla», apunta este juez de lo Social.

Otra reforma, la de la Ley Procesal, trasvasó competencias a lo Social que antes eran del Contencioso- Administrativo «como la impugnación de sanciones a empresas». Además, los jugados de lo Social están exentos de tasas y costas por lo que no hay efecto disuasorio.

Las protestas de los cuatro jueces han servido para que en enero lleguen en su ayuda dos jueces más de Valladolid, «pero, que quede claro, lo harán sin abandonar sus respectivos juzgados».