Decretos-leyes deconstruidos

La actividad política nacional ha marcado la agenda de la opinión pública española. Todos los medios de comunicación han centrado su atención en los dos Decretos-leyes en materia de vivienda que el Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados para su convalidación previa publicación de su contenido en el Boletín Oficial del Estado. Su gozo en un pozo. Los votos en contra de Junts per Cataluña, Partido Popular y Vox han hecho decaer los efectos jurídicos de los Decretos-leyes. Derrota política de grandes dimensiones. El Gobierno no ha sabido llegar a los representantes políticos de la Cámara para intentar paliar o mitigar las devastadoras situaciones personales que sufren numerosos españoles, mayormente familias, gente joven y personas vulnerables.

Sin embargo, el planteamiento ha sido erróneo de raíz. La cuestión de la vivienda en España es especialmente compleja. Son muchos los factores que influyen en su planteamiento y configuración y no todos tienen que ver con el acceso inmediato a un lugar habitacional. Entre ellos se encuentra, por un lado, el aumento de población en el territorio, varios millones de personas en los últimos años, que no ha ido acompañado de la ampliación proporcional de viviendas. Es como si en un estadio de futbol con capacidad para cien mil personas quisieran entrar otras cincuenta mil, sin incrementar el número de asientos. De locos. Por otro lado, existe una deficiente planificación en la ordenación del territorio. La concentración de personas se está produciendo en las grandes urbes españolas sin ningún tipo de orden ni concierto lo que sobredimensiona las posibilidades de sus Administraciones Públicas para gestionar a las personas que llegan. En algunos países de la Unión Europea, como Alemania, el crecimiento de las ciudades se hace con cierto equilibrio, reconduciendo la población a diferentes municipios para evitar la concentración de personas y el colapso de los servicios públicos. Además, la distribución competencial Estado-Comunidades Autónomas en materia de vivienda, confusa y contradictoria, dificulta una acción administrativa común que podría facilitar su correcto desarrollo si hubiera algún tipo de colaboración, cooperación o coordinación, hoy por hoy inexistente.

En definitiva, el problema de la vivienda no se soluciona deprisa y corriendo con la figura de los Decretos-leyes que, en principio, solo deberían utilizarse en caso de extraordinaria y urgente necesidad. A la vivienda, bien de primera necesidad para la vida de una sociedad, se le debería dedicar tiempo, ponderación, desvelos, consenso y equidad.