El consenso presupuestario en Castilla y León, ejemplo para España
SI HAY una palabra que se repite en el ámbito sociopolítico y económico es: consenso. La RAE define el término como “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Incluso, si nos acercamos a su significado etimológico (“consensus”), podemos entenderlo como “con la aprobación de todos”. Y los sinónimos que ofrece la Academia son: conformidad, unanimidad, pacto… Es decir, notas características de lo que hoy son ausencias en los parlamentos.
En Castilla y León, la aprobación de los presupuestos para 2026 está encima de la mesa. Algo que es reseñable es la menor presión fiscal a los ciudadanos y que, de aprobarse las cuentas, estaríamos ante un hecho que afectaría a más de 620 mil contribuyentes. Desde el Observatorio Económico de Castilla y León (ECOVAEstudios), ya se ha planteado en diversas ocasiones que uno de los retos de la economía regional es aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, cuestión que puede lograrse deflactando el IRPF, bajando los impuestos estatales y aumentando moderadamente los salarios.
Las cuentas públicas deben prestar especial atención a que nuestra región está fundamentada en el sector servicios, aunque con una gran fortaleza en el industrial. Por ello, es del todo necesario que los presupuestos para 2026 tengan como horizonte la realización de reformas estructurales, y de calado, que provoquen el crecimiento de la economía, para lo que es fundamental que se consignen partidas dedicadas a mejorar la productividad a través de la formación, la tecnología y la inversión en innovación. Pero todo esto requiere compromiso, paciencia y voluntad para poner a la región por encima de las preferencias individuales. En definitiva, llegar al consenso de las partes con la deliberación y el logro de un acuerdo global. Y no solo de los grupos políticos, sino también con la aquiescencia de otros agentes esenciales en la transformación y crecimiento de la comunidad, como son los sindicatos y las asociaciones empresariales.
Por otro lado, es urgente que los presupuestos regionales tengan base y respaldo en los presupuestos nacionales, hoy prorrogados y sin visos de unas cuentas actualizadas, realistas y ajustadas a las necesidades de 2026, precisamente por esa falta de consenso y de responsabilidad política en el ámbito nacional. Sin unos presupuestos generales del Estado, se vuelve un tanto difícil la gestión de los recursos regionales de forma eficiente y eficaz, al objeto de garantizar los servicios públicos con competencia autonómica que afectan directamente a inversiones públicas y privadas.
Castilla y León tiene una oportunidad histórica para demostrar al resto del país que, con y por consenso, se pueden sacar adelante unas cuentas que beneficien al conjunto de los castellanos y leoneses. Solo depende de la voluntad de llegar a acuerdos entre nuestros representantes políticos, sin olvidarse de los representantes de la sociedad civil que aportan sentido común a la hora de configurar unas cuentas presupuestarias que afectan a todos los estamentos de la sociedad.