Mejoras para facilitar y favorecer el acceso a las ayudas sociales

CASTILLA Y LEÓN es un referente en Servicios Sociales y en Dependencia. Y así lo certifica cada vez que sale un ranking, ya sea público o privado, que siempre sitúa a la Comunidad a la cabeza del país, en la asignación de ayudas sociales, en la evaluación de personas dependientes y sin apenas listas de espera. Datos y cifras que vienen a validar la buena salud de los servicios sociales de Castilla y León.

Pero esos buenos registros no significan que no se deba seguir trabajando en las mejoras de los Servicios Sociales que se prestan en la Comunidad. Mejoras que, en este caso, tendrían que ver con las percepción de ayudas sociales. Eso es justo lo que busca la resolución del Procurador del Común, el que llamar a crear mecanismos que permitan agilizar la llegada de esas ayudas a las personas que son merecedoras de ellas.

Mecanismos que, según el Defensor del Pueblo de Castilla y León, pasarían por la elaboración y aprobación de una normativa específica que venga a regular la emisión de los informes de vulnerabilidad. Con ello lo que se busca, también, es el prevenir que puedan producirse situaciones de exclusión social. Ese debe ser el fin último de las ayudas sociales, el hacer que nadie que lo necesite se quede fuera de las mismas.

De ahí que sea necesario que los requisitos para poder tener derecho a algunas de las ayudas sociales estén claros para que nadie quede excluido. El Procurador del Común constata que existen algunos apoyos sociales que sí establecen unos requisitos concretos para que una persona resulte beneficiaria, pero otros no. De ahí que, para acabar con esta disfunción, desde el Defensor del Pueblo se pida que se ponga en marcha ese mecanismo o procedimiento específico y claro, en el que se acredite la vulnerabilidad.

Más allá de consideraciones futuras y de los análisis que deban hacer los gestores de los Servicios Sociales, parece evidente que no se puede echar en saco roto las consideraciones del Procurador del Común, porque con ellas lo que se busca es una mejora en unos Servicios Sociales que ya se encuentran a la cabeza del país. La administración autonómica es la que tiene que terminar de verificar si es necesario o no, si ayuda a mejorar o no el sistema de ayudas, ese certificado de vulnerabilidad. Pero, sea como fuere, todo análisis debe pasar por facilitar y favorecer las ayudas sociales a aquellas personas que son merecedoras de ellas, para que nadie quede relegado y, mucho menos, fuera.