Justicia mediática

Hace unos días el jefe del Estado, Felipe VI, ha recibido en audiencia a representantes de la Asociación Mundial de Juristas, con ocasión de la entrega del Premio “Español Universal” 2024 a Javier Cremades, presidente de la entidad. La agrupación que aglutina a los más importantes juristas del mundo de países democráticos fue fundada en 1965, entre otras figuras políticas de relevancia por el primer ministro del Reino Unido Winston Churchill, con el objetivo de promover la paz a través del Derecho. Sin embargo, este evento ha sido apocado por la investigación al fiscal general del Estado que está llevando a cabo el Tribunal Supremo. El mundo judicial está en el foco mediático frecuentemente si no es por la noticia de que el gobierno de la Nación quiere limitar la acusación popular, es por la apertura de diligencias previas, imputaciones, procesamientos o la emisión de fallos judiciales. Los procedimientos judiciales más mediáticos, como el caso Koldo, Aldama o Ábalos, están monopolizando los titulares de informativos televisivos y las tertulias de opinión. Cualquier avance en sentido positivo o negativo de estos expedientes vuelven una y otra vez a los medios de comunicación, a los programas de radio y a las redes sociales.

El único poder público que es reconocido expresamente como tal en la Constitución Española de 1978 es el poder judicial. Así reza su Título VI. En él se asientan las bases de lo que la Justicia debería ser. Instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, la asistencia jurídica gratuita, la independencia, inamovilidad y responsabilidad de los jueces y juezas, las figuras imprescindibles de los abogados y procuradores o la policía judicial tienen que funcionar o, mejor dicho, el Estado debe poner los medios para que funcionen correctamente rechazando y tomando las decisiones oportunas para proteger a los más débiles de la sociedad y a quienes sufren injusticias manifiestas. El máximo órgano de gobierno de los jueces, en sesión extraordinaria y cumpliendo el plazo que establecía la Ley, de manera unánime, acaba de remitir al Gobierno y a las Cortes Generales su propuesta relacionada con la reforma del sistema de elección de los vocales provenientes del ámbito judicial. Unos son partidarios de que se elijan en el Parlamento español y otros que de que se seleccionen por los propios jueces. Estaremos expectantes a lo que apruebe, finalmente, el poder legislativo. ¿Habrá muerto definitivamente Montesquieu?