Más protección a las víctimas de la violencia de género
LA SENTENCIA que condena a los cinco miembros de La Manada hasta los quince años de prisión por un delito continuado de violación a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de protección de las víctimas contra la violencia de género. El fallo del Supremo ha sido recibido por un ejemplo de garantía y de independencia judicial. Sin embargo, la eliminación de esta lacra está lejos de ser una realidad. En Castilla y León y en España todavía son muchos los casos que no se denuncian y las órdenes de protección para alejar a la víctima del agresor lejos de subir siguen aumentando.
Los tribunales dictaron el año pasado 1.452 medidas cautelares en Castilla y León, lo que supone una media de cuatro al día. Este dato está lejos de reflejar la realidad de las agresiones contra las mujeres. Por un lado, porque los expertos estiman que un 30% de los casos más graves no se denuncian y, por otro, porque las órdenes de protección las dictan los jueces solo en casos flagrantes contra la seguridad de las mujeres.
Castilla y León no figura entre las comunidades autónomas con mayor número de órdenes de protección, seguramente porque, entre otras razones, el peso del medio rural es mayor y en este ámbito es más difícil la denuncia.
Como dice la Asociación Adavas de Valladolid, las medidas cautelares de protección apenas representan «la punta del iceberg» de una violencia que «está sumergida» y que muchas no se atreven a denunciar porque se cuestionan qué será de sus vidas después de la denuncia.
Es en ese ámbito donde la sociedad y sus instituciones deben reforzar sus actuaciones y su implicación para que la víctima no tenga dudas de su protección. Se da la circunstancia de que en Castilla y León está aumentando la franja de edad de quienes denuncian y logran órdenes de protección, contrariamente a lo ocurrido en el conjunto del país donde el repunte de la violencia machista crece más entre las más jóvenes.
La legislación y los protocolos de protección en Castilla y León han aumentado, pero la evolución de esta lacra indica que todo lo que se está haciendo, con ser positivo, resulta insuficiente. En España ya son más de mil las muertes desde 2003, momento desde el que existen estadísticas oficiales;en Castilla y León, 49.
Si el papel de los jueces es importante, lo mismo es el de la sociedad y el de sus instituciones.La protección a las víctimas es una condición necesaria, aunque no suficiente para acabar con las agresiones a las mujeres. ElEstado de Derecho en su conjunto no debe bajar la guardia.La sociedad, tampoco. Es necesario mantener ese frente común contra una violencia que atenta de manera especial contra la vida y la dignidad de la mitad de la población.