Nuevo varapalo judicial que obliga a dar garantías
LA JUSTICIA VUELVE a frenar un nuevo concurso de traslados, cuando no una convocatoria de concurso oposición, y van ya unas cuantas sentencias en contra de los procesos de selección de personal de la Junta de Castilla y León. Nuevo varapalo o contratiempo judicial que deja desprotegidos a todos aquellos castellanos y leoneses que se ven afectados, en este caso, por este concurso de traslados.
«No se detiene, pero tampoco hay una resolución, lo que ocurre es que no se publica hasta que no haya una sentencia firme», explica desde la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), quienes interpusieron el recurso cuestionando la legalidad de dicha resolución.Pero eso no significa que desde el Ejecutivo autonómico no debe actuarse ya para tratar de dar garantías de que ese concurso de traslados ahora paralizado va a poder ejecutarse.
En su auto, el juzgado entiende que hay motivos de fondo para que se pueda suspender y desde Uscal se indica que la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas se reclama porque aún no existe sentencia firme en el procedimiento. En román paladino, lo que la juticia trata de evitar con esta paralización cautelar es que el proceso continúe y una sentencia posterior desfavorable de al tras te con todo.
Además, el auto asegura que el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso ya finalizó, por lo que queda pendiente su tramitación a efectos de resolver definitivamente el mismo, hecho que según las bases, se producirá en la primera quincena del mes de abril del presente año.
No obstante, desde Unión Sindical dejan claro que será «en torno a finales del mes de marzo» de este año cuando se sabrá la decisión final, pero que aun así es posible que haya un «recurso por alguna de las partes», por lo que la decisión final se alargará.
Desde el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de la Presidencia, se indica que no será hasta finales de abril cuando se produzca la resolución definitiva del concurso de las plazas de sanitarios ahora suspendidas cautelarmente, si bien admite que, de no existir sentencia firme en ese momento, se deberá esperar hasta que la haya.
Sea como fuere, lo que toca en estos momentos es ofrecer a todos los afectados las garantías suficientes para que este concurso de traslado pueda llegar a buen puerto, que no es otro que el de su ejecución. Eso sí, con todas las garantías legales y sin que exista el más mínimo atisbo de duda futura sobre el mismo.
Ese es el camino en el que se debe trabajar desde el Ejecutivo autonómico y, llegados a este punto, todo pasa por dar las garantías suficientes ante el nuevo varapalo judicial.