EDITORIAL

Mejorar la protección a la infancia de delitos sexuales

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CASTILLA y León, como el resto de comunidades autónomas, no se libra de las agresiones sexuales a la infancia.Casos como el de la pequeña Sara en Valladolid, los abusos protagonizados por el párroco leonés en el Seminario de laBañeza y en el Colegio de Sanabria o la condena a un monitor de León por abusos de dieciséis menores revelan la necesidad de mayores y mejores actuaciones para erradicar esta lacra.

Más de 2.000 personas tienen prohibido al día de hoy trabajar en contacto directo con menores de edad por haber cometido uno o varios delitos de índole sexual, lo que les aleja obligatoriamente de ejercer profesiones, actividades u oficios con niños y adolescentes.

Los ‘fichados’ en el Registro Central de Delincuentes Sexuales representan en la Comunidad un porcentaje ligeramente inferior a la media, pero eso no reduce la importancia de actuar para proteger a los menores.

El impacto de estas agresiones en las vidas de niños y adolescentes es extraordinario, de ahí que hayan proliferado las campañas para romper el silencio y desenmascarar a los responsables de estas actuaciones.

Más difícil es cuando estas agresiones sexuales a menores se producen en el ámbito del hogar, donde las víctimas tienen más difícil defenderse y sobre todo verbalizar su sufrimiento.

La salud y la felicidad de los niños agredidos está en juego.Se trata de actuar con todos los medios posibles para erradicar estos comportamientos salvajes que han lastrado la vida de muchas personas.

La Iglesia debe ponerse en primera línea y actuar no solo contra los agresores directos, sino contra aquellos cómplices que han guardado silencio.

Proteger a los menores es, por supuesto, alejar a profesionales condenados del entorno vital de los niños y adolescentes. Pero esta medida será insuficiente si no se diversifican las actuaciones, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, en el judicial, en el psicológico y en el psiquiátrico.

Hay que romper ese muro de la vergüenza o de la impotencia que impide verbalizar las agresiones. Víctimas de estos abusos hoy se sienten orgullosos de haber roto su silencio. Hacerlo es también poner coto a los agresores en potencia.

Actuar en todos los frentes es posible e imprescindible para eliminar estos comportamientos. El Registro de los Delincuentes Sexuales, creado en 2016, permite la identificación de los condenados. Limitar su contacto con los menores es una necesidad para protegerlos, pero será insuficiente si no se actúa también en el ámbito preventivo y educativo. Habrá margen de mejora mientras se sucedan estos abusos.