La financiación local es otra gran asignatura pendiente

LA DESPOBLACIÓN que sufre la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad autónoma, acentuada en los últimos seis años, ha tenido consecuencias en la financiación de los ayuntamientos. Las cuentas de gastos e ingresos se han visto influidas por el recorte de los ingresos delEstado con la disminución de la población. Este fenómeno y las propias consecuencias de la crisis ha provocado que las inversiones de los consistorios se hayan resentido con fuerza. Hasta el punto de que hoy representan en conjunto un 12,8% del volumen total de los presupuestos municipales, cuando en 2006 significaban el doble.

Poco podían hacer los ayuntamientos cuando se les impuso severas condiciones para reducir el déficit, lo cual les llevó a intentar mantener a duras penas los gastos corrientes y los de personal, sacrificando no sólo inversiones sino también otras partidas destinadas a bienestar social, promoción económica y servicios sociales. Incluso hasta ahora sólo podían dedicar a inversiones el superávit, una decisión que se va a corregir en breve.

En este contexto, llama la atención que los ayuntamientos, sobre todo los de Castilla y León, por el mayor deterioro demográfico, han sido los paganos de una sacrificada financiación. Las exigencias de los objetivos de déficit han sido más flexibles para la Administración central y para la autonómica.

Además, en ese contexto la Junta de Castilla y León recortó las transferencias a los ayuntamientos, que han pasado años con el agua al cuello.

Los consistorios no han tenido otro remedio que compensar la caída de ingresos con subidas del IBI. Se da la circunstancia de que la crisis económica vino de la mano del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, lo que provocó que los ingresos de los ayuntamientos por el impuesto de construcción y la venta de suelo se desplomaran.

El estudio de la Universidad de Valladolid, premiado por el CES, revela que la despoblación afecta y mucho a los ingresos, más en los ayuntamientos pequeños que en los grandes.

Si la revisión del modelo de financiación autonómica es una necesidad urgente para mantener los servicios esenciales en una comunidad con más dispersión de municipios y más envejecida, la implantación de un modelo para los ayuntamientos forma para de las urgencias para mantener el mundo rural.

Ese modelo de financiación local debe estar íntimamente ligado con la ordenación del territorio. Harían bien los partidos y grupos parlamentarios en ponerse de acuerdo en resolver ambas necesidades. Se trata de una cuestión de Comunidad y de una asignatura pendiente que no puede esperar.