Apuesta por el medio rural y los jóvenes en el Plan de Vivienda
LA JUNTA de Castilla y León y el Ministerio de Fomento firmaron ayer el Plan de Vivienda de la Comunidad autónoma para cuatro años que supone una apuesta por el alquiler, por los jóvenes y por el medio rural. El grueso de los 102 millones de euros, que cofinancian ambas administraciones, se dedicará al alquiler, primando a las rentas bajas y a los menores de 35 años.
La novedad de este plan es la introducción de medidas para el medio rural. En concreto, el documento suscrito ayer establece incentivos especiales para subvencionar la compra de vivienda a los jóvenes que estén dispuestos a establecerse en municipios de menos de 5.000 habitantes, con casi 30 millones de euros para este objetivo.
Tanto los incentivos al alquiler para los jóvenes, como la decisión de subvencionar la compra de vivienda en el medio rural tienen un contenido social y sobre todo contribuirán al mantenimiento de la población en los municipios más pequeños.
Conviene que todos estos retos del plan regional se analicen y evalúen para probar que han servido para los objetivos propuestos y en caso contrario poner en marcha medidas correctoras
No obstante, con ser importantes las ayudas a la vivienda éstas no serán medidas que por sí solas palien el grave problema de despoblación y contribuyan a fijar población. Se trata de acciones coordinadas en materia de empleo, educación y sanidad las que se revelarán útiles para estos fines.
El plan suscrito ayer tiene también el valor añadido de apostar por la rehabilitación de la vivienda en un momento especialmente sensible para el sector de la construcción, lo que permitirá también mantener y crear empleo.
No obstante, las administraciones deberán velar en coyunturas como la actual que los fondos públicos no contribuyan a la subida de precios de los alquileres que se están produciendo con la recuperación económica.
La vivienda es un derecho y cualquier perversión de este derecho debe ser corregida,. En ese sentido, conviene también que las administraciones contribuyan a difundir el contenido de estos planes entre la población más vulnerable.
La experiencia de años anteriores debe servir para ejecutar con eficiencia este plan. La colaboración entre ambas administraciones debe ser fluida. Los compromisos que figuran en el documento suscrito ayer deben cumplirse en plazo. Será la forma que tengan los administrados de beneficiarse de estas medidas.
La letra suena bien. Ahora hacer falta que esos 102 millones contribuyan a fijar población con unas ayudas de alto contenido social.