La política ‘erga omnes’ de Pedro Sánchez

En estos días, España está viviendo un momento de trascendental importancia. La moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular salió adelante con el apoyo de 180 diputados. En el entablado de la política española, los distintos grupos políticos, con intereses contrapuestos, supieron aunar sus fuerzas por encima de los intereses legítimos de cada uno de ellos. Todos con el mismo objetivo: desalojar de Moncloa al Partido Popular de Mariano Rajoy. Se ha dado una gran lección de ejercicio de la democracia.

Sin pecar de triunfalistas, creemos que ahora tenemos la posibilidad de recuperar los derechos que, como clase trabajadora, nos han arrebatado en las dos últimas legislaturas. No obstante, debemos ser cautos. La UGT seguirá en su posición reivindicativa clara y transparente, en la defensa de los trabajadores y sus derechos. Hacer lo contrario nos lo impediría nuestra ideología y nuestro concepto de sindicato de clase, que no conciben una sumisión ante nada ni ante nadie.

En el caso de que el nuevo Gobierno desarrolle una política de Estado que perjudique a los trabajadores que con tanto orgullo representamos, no extenderíamos cheques en blanco. No negociaremos recortes, queremos revertir las políticas de ajuste indiscriminado. No se puede crecer desde la desigualdad y las deficiencias estructurales. Somos un sindicato reformista pero sin olvidar que también somos revolucionarios. Queremos cambiar las cosas manteniendo nuestros principios fundacionales: preservar la conciencia de clase y sus postulados reivindicativos.

UGT representa el poder de la clase trabajadora y reclama permanentemente que el poder político, es decir, el partido en el Gobierno, desarrolle una estrategia política que favorezca los intereses de la clase obrera y de las personas más vulnerables de la sociedad.

Durante los últimos ocho años, la burguesía capitalista es la que se ha enriquecido con el esfuerzo de todos los españoles, especialmente con el esfuerzo de los trabajadores. Comienza ahora una etapa ilusionante, donde los sectores populares exigen ver satisfechas sus expectativas. Es importante que el PSOE sea coherente con sus premisas y disciplinado en el desarrollo de las mismas. Los socialistas tenemos la obligación de caminar juntos. La lucha de los sindicatos es paralela a un Gobierno que, utilizando los resortes del poder, lleve a cabo políticas socialistas en beneficio de todos los ciudadanos.

UGT desea, sin renunciar a su autonomía sindical, consensuar una reforma laboral que establezca mejoras en las condiciones de trabajo y origine empleos de calidad. Para todo ello es imprescindible derogar las reformas laborales de 2010 y 2012. Se ha demostrado que estas reformas no beneficiaban a los trabajadores: redujeron salarios, facilitaron y abarataron los despidos, debilitaron la posibilidad negociadora de los trabajadores, modificaron la ultraactividad de los convenios colectivos, priorizaron el convenio de empresa sobre el convenio del sector…

La lucha contra la precariedad en el empleo tiene como objetivo la dignificación del trabajo pero también supone un punto de inflexión contra la ineficiencia productiva. Reequilibrar las posiciones en la Negociación colectiva devolverá el poder de representación sindical a la clase trabajadora. No podemos olvidar que una óptima redistribución de rentas, incidirá claramente en la mejora del consumo interno, el gran motor de nuestra economía y de la estabilidad social.

Otro objetivo de UGT para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, es defender el Estado de Bienestar y los derechos sociales recuperando aquellos retrocesos que se han producido en él. Las políticas del Partido Popular han incrustado problemas estructurales que atentan contra su sostenibilidad y sus principios de universalidad y gratuidad. Debemos garantizar los servicios públicos esenciales y evitar su mercantilización.

Se presupone, por algunos voceros del anterior gobierno, que la causa de la crisis económica es la sostenibilidad del Estado de Bienestar pero, sin embargo, es todo lo contrario, la crisis económica es la que produce una crisis en el Estado de Bienestar. Cuando un país tiene un fuerte Estado Social, comprometido con el conjunto de la sociedad, especialmente con los más desfavorecidos, es cuando se produce un mayor crecimiento económico y se tienen menores tasas de desempleo. El estado social y democrático es incompatible con la privatización de la protección social. Hay que establecer políticas económicas que permitan su financiación para demostrar que este sistema ni está sobredimensionado ni es ineficiente.

Estos son, en consecuencia, los retos a los que se debe enfrentar el nuevo gobierno, del que se espera que restablezca –a la mayor brevedad - la negociación y la concertación con las centrales sindicales para alcanzar acuerdos políticos que corrijan las desigualdades sociales. Este país debe pasar de las políticas de ajuste, restrictivas y austeras que nos han conducido a la devaluación social en la que estamos inmersos a universalizar el bienestar social. Para ello, es imprescindible que cambien las prioridades de los que nos gobiernan: más servicios públicos, más estado social y menos capital privado en la gestión pública. Queremos un Estado de bienestar, no un Estado de mínimos ni asistencialista.

Un pilar prioritario del estado es el Diálogo Social. Hay que consensuar políticas sociales que permitan equilibrar las rentas del sistema productivo y acordar un cambio sustancial en las modalidades de contratación: por un lado, blindar la contratación indefinida (como modelo para actividades productivas de carácter estructural) y por otro lado, dejar únicamente, como modelo temporal aquel que atienda una causalidad productiva concreta. No podemos subvencionar con fondos públicos actividades productivas puntuales, que parecen positivas cuando se «vende» como creación de empleo, pero que generan un gran problema social cuando finalizan los contratos.

Otro objetivo es potenciar el proceso de concertación establecido por el Pacto de Toledo y adaptar nuestras pensiones a un sistema justo y sostenible a medio/largo plazo, es otro de los pilares sustanciales que se debe tener presente. El incremento irrisorio establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy no garantiza el poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

No puedo olvidar, en este análisis, la persecución sindical que todavía hoy, cuarenta años después de la legalización de los sindicatos y de un proceso de transición democrática, sigue siendo un problema velado. La ley mordaza, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal… parecen señas de tiempos pasados ya inaceptables en una democracia. Tenemos a 300 compañeros que han sido encausados, enjuiciados y en muchos casos condenados por ejercer el derecho a huelga y participar en piquetes informativos. Este tipo de actuaciones anacrónicas impide que España esté en el grupo 1 de los países en cuanto a libertad sindical, según los parámetros establecidos por la OIT.

UGT no debe funcionar solo como un organismo de acción y reacción; quiere ir más allá y proponer soluciones factibles a los graves problemas que tiene el país. El socialista Jaime Vera, decía que «unida la fuerza y la inteligencia, el triunfo es seguro, porque la burguesía solo podrá ponernos fuerza comprada e inteligencias corrompidas». Tengámoslo en cuenta y avancemos todos juntos en la misma dirección.

Evelio Angulo Álvarez es secretario regional de UGT