El lastre de retrasar el pago a los proveedores
LAS ADMINISTRACIONES públicas han mejorado en los últimos meses el plazo del pago a los proveedores. Sin embargo, persisten aún casos de morosidad pública inaceptables e insoportables por los perjuicios que ocasionan en una coyuntura económica como la actual, más favorable. Un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pone de relieve que la Diputación de Burgos es la institución pública que paga con mayor retraso a sus proveedores. En el otro extremo, dos diputaciones de la Comunidad, las de Zamora y Salamanca, destacan por su nivel de cumplimiento en relación al resto.
Los perjuicios que determinados retrasos en el pago pueden ocasionar a los trabajadores autónomos son notables. No sólo por no pagar en plazo, sino porque las consecuencias de hipotéticos endeudamientos adicionales para afrontar estos retrasos pueden ser mayores en el caso de este colectivo que, en general, tiene más dificultades para acceder a los préstamos para capital circulante.
Pero, además, son las administraciones públicas las que deberían dar ejemplo y cumplir con escrupulosa prontitud los plazos legales, evitando consecuencias negativas para sus administrados y enviando a la sociedad un mensaje de rigor y de compromiso con la recuperación.
El informe de ATA pone de relieve que los plazos de pago que habitualmente difunden las administraciones podrían ser cuestionables porque en sus cálculos no incluyen el margen de tiempo que transcurre entre que se presta el servicio o se entrega la mercancía y se genera la factura, que es cuando a efectos administrativos empieza a contar el retraso o la morosidad.
Se trata de un argumento más para advertir que la maraña burocrática puede ocasionar daños colaterales y por ello debería ser un argumento más para evitar semejantes perjuicios.
Acelerar los pagos y evitar retrasos importantes contribuyen a dinamizar la economía y a mover el dinero.En definitiva, también a generar más actividad y empleo. Y en Castilla y León, una comunidad donde micropymes y autónomos tienen un peso mayor, facilitar los pagos puede tener incluso un impacto más positivo que en otras regiones.
Además, hay administraciones públicas que han previsto mecanismos anticipados de pago para salvar coyunturas de menor liquidez. Se trata de seguir avanzando en el cumplimiento de la ley para que el retraso en el pago a proveedores no suponga un lastre más, una dificultad añadida, que frene la recuperación económica en marcha y por lo tanto pueda consolidar la tendencia positiva a la creación de empleo donde los autónomos tienen mucho que decir.