Un programa de vivienda más social que impulsa el alquiler
JUNTA DE CASTILLA y León y Ministerio de Fomento firmaron ayer la prórroga para 2017 del Plan Estatal de la Vivienda y sentaron las bases del nuevo para los próximos ejercicios. Se trata de un plan que aumenta un 30% su dotación para el alquiler, prima la atención de los más necesitados y asume la rehabilitación de viviendas como una prioridad más. A la vista de los objetivos, se puede decir que hay una clara apuesta por las personas más necesitadas y con menores ingresos, así como el reto de la creación de empleo en el sector.
La vivienda es una derecho fundamental reconocido en la Constitución y en elEstatuto de Autonomía. La burbuja inmobiliaria y la crisis económica han despojado a muchos ciudadanos de este derecho e incluso les ha obligado a destinar buena parte de sus ingresos a este gasto, detrayéndolo de otros de primera necesidad. La amenaza de desahucios ha estado latente en los colectivos más empobrecidos por la crisis.
Algo está cambiando cuando las administraciones públicas han tomado conciencia de esta situación y, en muchas ocasiones con los bancos, han colaborado para evitar desahucios. Además, en Castilla y León el Diálogo Social ha asumido por primera vez esta prioridad social.
El nuevo plan, que entrará en vigor el próximo año y concluirá en 2021, apuesta más firmemente por las personas con menos recursos, con especial atención a los jóvenes y a las personas mayores.
Ayudas éstas que irán a parar también a personas que estén en riesgo de desahuicio de su vivienda habitual y no dispongan de más ayudas. Los servicios sociales acreditarán esta situación y, si se cumple el espíritu acordado ayer, se harán cargo de la totalidad de la renta del alquiler.
Se trata de un plan que profundiza en el contenido social y que debería evitar lo ocurrido en el anterior que sobraban recursos financieros.
Las administraciones deben velar porque estos fondos vayan a los más necesitados. En este sentido, el elevado nivel de paro de los jóvenes los hace convertirse en uno de los colectivos más vulnerables, tanto por la posibilidad de perder la vivienda como para dificultar su emancipación.
No hay que desdeñar el contenido social que puede tener la nueva prioridad de la rehabilitación de edificios en un sector, el de la construcción, que ha empezado a dar síntomas de recuperación.
En definitiva, se trata de una apuesta social y económica que exige su cumplimiento y su evaluación. Sobre todo para que su financiación sirva para mejorar la vida de los más necesitados y garantizar el derecho a una vivienda digna.