Una vía que reduce conflictos laborales individuales
LA FUNDACIÓN Serla, integrada por la Junta, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecale, lleva casi veinte años prestando servicios de atención a los conflictos colectivos en materia laboral. Desde el pasado mes de noviembre, intermedia también, y de manera pionera en España, en los conflicto individuales de la provincia de Valladolid que no tienen una base directamente económica, con el fin de prolongarlo este año al resto de capitales y a Ponferrada.
Si la experiencia de casi dos décadas ha servido para reducir miles de conflictos y para elevar la cultura del acuerdo entre trabajadores y empresarios, los primeros cinco meses de funcionamiento para asuntos laborales individuales ponen de manifiesto que puede ser una vía eficaz para reducir conflictividad, recortar plazos de resolución y aminorar los efectos de los atascos de los juzgados de lo Social que, con la crisis, han ido acumulando numerosos casos sin resolver.
Aunque el conflicto de los autobuses de Valladolid pudiera distorsionar las estadísticas, al rebajar el porcentaje de acuerdos del 60% al 44%, baste esta tendencia para calificar la experiencia de exitosa por más que haya aspectos que limar y resolver.
En estos cinco meses, el Serla ha abordado más de 1.200 casos en Valladolid. Seguramente este dato es aún pequeño para el elevado volumen de casos que llegan a los juzgados. No obstante, un mayor conocimiento de este mecanismo y de sus efectos positivos sobre trabajadores y empresarios elevará en un futuro el recurso a este sistema de mediación.
El mero hecho de que en 389 conflictos se haya evitado recurrir al Juzgado de lo Social y hayan permitido recortar en diez días de media el plazo de mediación evidencia el alcance y la potencialidad que puede tener cuando la experiencia de Valladolid se amplíe a las otras nueve ciudades.
Para ello, es imprescindible que el Ministerio de Justicia asuma la financiación de este mecanismo que libera recursos de los tribunales de lo Social y ahorra el consiguiente dinero de sus presupuestos. Pero, además, se trata de una experiencia exportable a otras comunidades.
De nuevo, Castilla y León pone en práctica un mecanismo de diálogo social. En este caso, con primacía de mejora de las relaciones laborales bilaterales entre empresarios y sindicatos.
La utilidad del Serla en este caso no sólo contribuye al buen funcionamiento de la Justicia, sino que, además, extiende la cultura del acuerdo y del entendimiento. Habrá que ver cómo se desarrolla su implantación en los próximos meses y las dificultades que surgen. Si, como estiman sus promotores, puede abordar una media de 11.000 conflictos al año, el gasto público estará sobradamente justificado con la tendencia que marcan los primeros cinco meses.