Lograr la máxima eficacia en los fondos para empleo
EXISTE UN CONSENSO social amplio de que el empleo debe ser la máxima prioridad de las administraciones públicas junto a la garantía de prestación de los servicios esenciales. El Ministerio de Empleo asignó ayer a Castilla y León 112 millones de euros para políticas activas de empleo, lo que representa un 6,8% más que el año pasado. Habrá más fondos cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. La buena ejecución de la Comunidad autónoma de las partidas del año pasado ha reportado asignaciones adicionales a la región.
La Conferencia Sectorial abordó también el sistema de Garantía Juvenil, unos fondos europeos que Castilla y León no ha aprovechado suficientemente como lo demuestra que en el primer año se han ejecutado pequeñas cantidades para un colectivo tan prioritario.
Que a la Comunidad se le reconozca una buena ejecución y se le asignen presupuestos adicionales es una buen noticia, que no debe llevar a la autocomplacencia. Castilla y León tiene, según la última EPA, más de 169.000 parados aún y más de 20.000 son menores de 25 años. Hay mucho que hacer aún para volver a las tasas de paro inferiores al 7% de finales de 2007. A ese objetivo, y primando a los colectivos con más dificultades de inserción laboral estable, deben dedicarse con eficacia y eficiencia estos fondos para las políticas activas de empleo. La II Estrategia Integrada de Empleo y su plan de 2017 apuestan claramente por los parados de larga duración, los jóvenes sin experiencia, las personas con escasa formación y los colectivos con riesgo de exclusión.
El Plan de Empleo Local de este año ha incorporado por primera vez la cofinanciación de las administraciones locales, lo cual permitirá contar con más fondos. Pero sobre todo, estos planes deben atender también a los criterios territoriales porque las tasas de paro son diferentes en unas zonas y otras, y por lo tanto es prioritario volcarse en las zonas con mayor porcentaje de desempleados.
La mayor eficacia debe demostrarse con indicadores y resultados. También impulsando una mayor coordinación entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y el estatal (Sepe), de la misma forma que es necesario que se aumenten las exigencias de inserción laboral a las academias y centros de formación subvencionados con fondos públicos.
La rapidez en la publicación de las convocatorias debe ser otra prioridad, sobre todo porque el retraso en la aprobación de los Presupuestos del Estado y de la Comunidad va a ralentizar la disponibilidad de los fondos públicos. A esta necesidad de mayor diligencia debe sumarse sobre todo la búsqueda de resultados que rebajen las todavía elevadas tasas de paro con empleo de calidad y retribuciones dignas que permitan constatar que la recuperación es un hecho para la mayoría de la población.