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DE LOS TRES poderes del Estado ninguno está yendo tan lejos contra la corrupción como el judicial. Mientras el poder ejecutivo se atrinchera y se autodefiende con fiscales sumisos del lastre que lleva encima, la mayor fragmentación del legislativo y su más plural composición mejoran su labor contra el pillaje pero distan mucho de lograr sus resultados.

La reciente escena, entrando en la cárcel, de la primera compañía del batallón de la Gürtel, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de imputar a la cúpula del Banco de España y al presidente de la CNMV por «indicios múltiples» de «criminalidad en su conducta» al alterar las cuentas de Bankia, la acusación judicial por delitos de fraude y cohecho contra el presidente de Murcia… habrían resultado un sueño hace años.

Al menos una parte de los jueces están construyendo democracia. Al menos una muestra –minoritaria aún– de aquello que llamábamos delincuencia de cuello blanco lo tiene más difícil y comienza a pagarlo.

La Justicia ha tumbado la pretensión del super líder del PP, Fernando Martínez Maíllo, y de otros 15 exconsejeros de Caja España, de que no se aclararan los créditos irregulares a su presidente Santos Llamas.

El PP de Castilla y León y su grupo en las Cortes dan muestras de acorralamiento en los dos casos de corrupción que instruyen los tribunales: el edificio bautizado como La Perla Negra, cual simil de la película de piratas de Johnny Depp, y la trama eólica con 110 millones de pagos en comisiones según Hacienda.

Ver al PP en la comisión de investigación frenando casi todo es algo más que un síntoma de los aires de ocultamiento que contradicen el discurso de Herrera. Mientras tanto, pese a la pasmosa lentitud, los tribunales van despejando la maraña de intereses ocultos que confluyeron un buen día en torno al millonario edificio de la Consejería de Economía.

La justicia tendrá que seguir liderando la búsqueda de la verdad. También en las cajas, pese a que se anuncian comisiones de investigación. El caso Bankia ha vuelto a poner la lupa en el sector financiero. Dos entidades muy debilitadas, Caja de Ávila, y Caja Segovia, se diluyeron en aquella integración en un inédito enfrentamiento entre el PP regional, opuesto, y sus barones provinciales. Pocos dudaron en la Junta de que hubiera prebendas por medio para entregar a Caja Madrid lo que consideraban en privado «dos cajas quebradas». Que tiemblen los que asaltaron las cajas como entren a fondo los jueces.