Diario de Valladolid

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EL CARRUSEL de ocurrencias desatado por el nuevo año pudiera parecer que se debe al frenesí de estar de estreno, pero no debemos resignarnos a la explicación estacional. Sobre todo, porque en esta balumba se mezclan cuestiones viejas, como la saña con el copago farmacéutico de los pensionistas, que ahora refresca y desdice el mismo día la ministra Dolors Montserrat y trapacerías bancarias recurrentes, que ponen en marcha nuevos abusos cuando todavía no han purgado la tropelía de las cláusulas suelo. La Audiencia alavesa acaba de sancionar a Kutxa Bank por el cobro de una comisión de 30 euros al reclamar descubiertos a sus clientes, un truco que aplican igualmente y con idéntico descaro las entidades herederas de las Cajas de aquí.

La sentencia advierte que los bancos ya cobran a sus clientes por el mantenimiento y gestión de sus cuentas y avisa a la Kutxa que si no retira esa comisión, le aplicará una multa de mil euros diarios. Y mirando a los asuntos que conciernen al bienestar de la gente y que apenas se oyen en medio del alboroto desatado por las diferentes grescas partidarias, que afectan en estos días precongresuales desde el Partido Popular hasta Podemos, con especial incidencia en el desbarajuste socialista, van apareciendo nuevas cachiporras en este espectáculo de titiriteros. Mientras el gobierno baraja y no acaba de encontrar la fórmula para el desatasco judicial ocasionado por el fallo europeo de las cláusulas suelo.

Y por si todo esto no fuera suficiente, además tenemos el enésimo episodio descarnado de Blesa, el compañero de pupitre de Aznar entronizado en la gestión de Caja Madrid. Precisamente ahora, cuando el Tribunal de Cuentas acaba de poner negro sobre blanco las cifras de aquel embuste con aires de carnaval, que llamaron fondo de reestructuración para esquivar el maleficio de la palabra rescate. Un sumidero que se tragó 60.718 millones de euros, de los cuales 41.786 fueron fondos públicos. Del mismo modo que este nuevo avío para la devolución de lo apropiado ilegalmente con las cláusulas suelo pretendió llamarse Código de buenas prácticas.

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