Incompetencia
CUANDO PARECÍA que ya se había visto todo en el juicio del asesinato de Isabel Carrasco con un juez, Carlos Álvarez, que permite que en los interrogatorios se juzgue a la víctima, con el único fin de buscar una justificación que no existe para el vil asesinato. Magistrado-presidente que comete un «grave error» en el objeto del veredicto y, después, corrige al jurado popular para dictar una sentencia en la que rebaja la condena de una de las acusadas, la policía local Raquel Gago, casi a la mínima expresión lo que le hace ganarse dos varapalos, uno del TSJ y otro del Supremo; por no hablar de sesiones que se suspenden por abogados a los que la noche los confunde y desaparecen sin dar ni una sola explicación. Pues a todo esto, ahora se le añade el que una condenada en firme por asesinato pretenda seguir en la calle.
Gago y su abogado, con la aquiescencia de ese mismo magistrado para quien esta cómplice de matar a Carrasco no merecía más que una pena de cinco años de cárcel, deciden que ellos están por encima de la justicia, de cualquier justicia.
Da igual que el TSJ la condenara a doce años de cárcel o que el Supremo, en sentencia firme que avanzó en una resolución previa, eleve esa pena en dos años hasta los catorce. Y poco o nada le importa a esta condenada de asesinato que el Alto Tribunal castellano y leonés haya dictado la orden de ingreso inmediato en la cárcel. Gago decide que no entra en prisión y no entra, mientras su abogado se saca de la manga un pseudoescrito para pedir que se aplace diez días su ingreso entre rejas.
¿Diez días? Ya puestos, por qué no esperar veinte, treinta, seis meses, un año. O mejor, los catorce a los que ha sido condenada.
Ya está bien de tanta palabrería, de tanto llanto y de tanto ir de víctima. La única víctima aquí es Isabel Carrasco. Gago es cómplice de matar a Carrasco, junto a su amiga Triana y a la madre de ésta y asesina confesa, porque así lo dicen no una, sino dos sentencias, además del veredicto del jurado popular. Y ni ella ni su abogado han sido capaces de tumbar ni presentar ni una sola prueba que la exculpara. Raquel Gago no puede pasar ni un minuto más en la calle.
El que siga pavoneándose como si nada, ya sea por Madrid, León o Pernambuco, es un desafío, cuando no un insulto, a todo el sistema judicial. Desafío al que, sin duda, ha contribuido y de qué manera ese juez de nombre Carlos Álvarez que, primero, la saca de prisión y, después, cuando tiene que ordenar su ingreso declara su incompetencia. Pues vaya noticia.