Un avance muy útil para mantener buen clima social
La ampliación de las funciones del Servicio de Relaciones Labores de Castilla y León, el SERLA, a la resolución extrajudicial de conflictos laborales individuales que no lleven aparejados reclamación económica es un paso sustancial en la Comunidad Autónoma en la búsqueda del mantenimiento del buen clima social y laboral. Así lo reconocen tanto el Gobierno como los sindicatos y los representantes de los empresarios. Por supuesto, supone también un alivio para los juzgados de lo social, siempre saturados de trabajo, pero lo más relevante es el beneficio social, puesto que ofrece a los empresarios y a los trabajadores un instrumento para resolver sus diferencias con mayor agilidad y, gracias a la mediación de terceros, evitar los efectos desagradables que en muchas ocasiones conllevan las reclamaciones judiciales.
Una disminución de la judicialización de los conflictos es buena en cualquier ámbito de la sociedad y hay que reconocer a empresarios y sindicatos el mérito de haber contribuido a ello gracias a la mediación en los conflictos laborales colectivos. El SERLAha actuado en más de 4.100, con 1,8 millones de trabajadores y casi 124.000 empresas afectados. Su contribución es asimismo destacable en la evitación de huelgas, ya que más del 30% de los expedientes han sido como consecuencia de la convocatoria de un paro por parte de los trabajadores. Más del 41%, y ese es el principal logro, acabaron con un acuerdo.
Ahora la carga de trabajo del SERLA será mucho mayor, aunque su implantación inicialmente solo es en Valladolid, pues hay una media de 11.000 conflictos individuales sin carácter económico cada año en la Comunidad Autónoma. Con seguridad, esta nueva función ayudará a desatascar los juzgados de lo Social, lo que supone también un relevante ahorro económico para la Administración.
En este punto hay que tener en cuenta que ese ahorro no será para las arcas de la Autonomía, ya que no tiene las competencias de Justicia. En otras regiones con el mismo servicio de resolución de conflictos laborales que tienen competencias en Justicia la rentabilidad económica también es un hecho. En Castilla y León, solo supone un esfuerzo económico sin contrapartida directa, aunque también es cierto que con ello consigue, como afirmó ayer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, grandes ahorros para el conjunto de la sociedad. Pero ello no resta razón al Ejecutivo autonómico en su reclamación ante el Gobierno central para que éste asuma al menos una parte del coste que tiene el SERLA. Herrera cuenta para esta reivindicación con el apoyo de sindicatos y empresarios y, además, según afirmó ayer Herrera, parece que hay buenas perspectivas en las conversaciones.