Pérdida de empleados de las administraciones
LA LARGA crisis económica ha tenido también sus efectos en las administraciones del país y de Castilla y León en la pérdida de empleados públicos, aunque de forma desigual. Mientras en la Comunidad, tanto la administración central como la autonómica y las locales, además de las universidades, han reducido plantillas, la suma de todas ellas en el conjunto nacional apenas ofrece variación.
Castilla y León es la segunda autonomía con mayor reducción de empleados públicos, solo superada por Canarias. Desde 2007, las administraciones de la Comunidad han perdido 6.904 empleos, un 4% del total. En Canarias, la pérdida fue del 5,6%.
La disminución de plantillas en la Comunidad se ha producido en todas las administraciones, pero fue especialmente acentuada en la del Estado, con un recorte del 7,9%. Seis décimas menos fue la reducción en las universidades públicas, motivada, sobre todo, por la limitación al 10% de la tasa de reposición del personal. Las entidades locales perdieron un 5,4% de su personal, mientras que en la Junta el recorte se limitó al 1,4%. En términos absolutos, el Estado y las entidades locales cuentan ahora con un total de 4.984 empleados menos en la Comunidad, frente a los 1.257 puestos que no se repusieron en la administración autonómica y los 663 trabajadores que descontaron las universidades públicas.
En el conjunto del país, se produjo un aumento del 0,2%, hasta los 2.519.280 empleados públicos, motivado por el incremento en las autonomías y en las universidades públicas. Entre las primeras, la subida fue del 2,7%, y de hasta el 58,5% en los centros universitarios. En total, 85.704 plazas creadas por autonomías y universidades que no se entienden muy bien cuando se han producido en plena etapa de recortes del gasto público.
El hecho es que, a pesar de la austeridad reinante, solo otras dos administraciones autonómicas, además de la Junta, redujeron sus respectivas plantillas:Andalucía, con un 5,5% menos de trabajadores, y la Comunidad Valenciana, con una disminución del 5,1%. En el lado opuesto, Baleares incrementó su personal nada menos que un 29% y Navarra el 17%.
No se explica tanto contraste entre autonomías cuando todas estaban obligadas a apretarse el cinturón. Cuando se trata de repartir esfuerzos, todos deben implicarse por igual. La reducción de personal no tiene por qué ser negativa si va acompañada de una reorganización que garantice la prestación de los servicios en similares condiciones. Algo que no siempre sucede y que debe estar en el frontispicio de las administraciones públicas.