Necesaria inspección de edificios
LA PREVENCIÓN es un principio que debe aplicarse siempre que sea posible, mucho más en los casos en los que la falta de previsión puede acarrear consecuencias que lleguen a ser graves. Aunque afortunadamente son casos aislados, edificios que parecen sólidos se derrumban, pero sin llegar a ese extremo, deficiencias en una estructura no detectadas a tiempo pueden suponer un grave perjuicio para los ocupantes de un inmueble.
Por eso la norma que obliga a la revisión de los edificios que han superado la barrera de los 40 años aplicada en Castilla y León es positiva, sirve para prevenir y puede acabar ahorrando dinero a sus propietarios. Sin embargo, el grado de cumplimiento, a día de hoy, de las inspecciones técnicas indica que la medida no ha sido bien acogida por una buena parte de los afectados. La crisis económica ha influido, sin duda, a muchos vecinos para retrasar la revisión de su edificio, no tanto por los honorarios de los profesionales que las realizan sino por temor a tener que hacer mayores desembolsos si se detecta algún problema.
Además, también la crisis ha hecho que la norma sea tildada de recaudadora. No es así, porque la Administración regional pone dinero para subvencionar parte del gasto de la inspección y de las posibles reparaciones que tuvieran que efectuarse. Por ello, es posible que la falta de información adecuada sea responsable en alguna medida miles de edificios castellanos y leoneses aún no se hayan sometido a la inspección técnica.
Las administraciones implicadas, la Junta a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y los ayuntamientos, deben hacer un esfuerzo para que llegue la información a las comunidades de vecinos sobre una norma que supone un beneficio en materia de seguridad para los propietarios de los inmuebles, sus vecinos y todos los habitantes del municipio en que se encuentren.
No se trata de ‘sacar el palo’ y comenzar una campaña de sanciones, salvo en aquellos casos que se demuestre negligencia, sino de concienciar a los ciudadanos y difundir adecuadamente las ayudas existentes. La disparidad en el cumplimiento de la normativa en las provincias debe llevar a una reflexión. Mientras en Ávila han hecho frente a la obligación casi la de los inmuebles afectados, en Soria, Zamora o Palencia apenas han iniciado el proceso. Dado que se trata de una medida beneficiosa para el conjunto de la sociedad, la Administración deberá analizar lo que se ha hecho en cada una de las provincias, qué es lo que ha funcionado para que los ciudadanos tengan una mejor respuesta y aplicarlo en todos los lugares.