Diario de Valladolid

EDITORIAL

Unidad por una financiación justa

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LOS grupos políticos presentes en las Cortes escenificaron ayer la unidad de acción que existe en la Comunidad en torno a la financiación autonómica. Lo hicieron, además, en un momento difícil de las relaciones entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno, de nuevo a cuenta de la gestión del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

Tanto es así que en el marco del acuerdo de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto para fijar una posición de Comunidad de cara al futuro modelo de financiación, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se expresó de forma clara y meridiana sobre el contencioso del déficit. Ante la pretensión de Montoro de que la Junta recorte en 328 millones el presupuesto de este año, Herrera advirtió al todavía ministro de que no acepta amenazas, aunque procedan de un Gobierno del mismo color político, y dejó claro que acudirá hasta los tribunales si es preciso.

No obstante, el presidente de la Junta se mostró partidario de una solución política, mediante conversaciones con todas, primero, y con cada una de las comunidades, después, para analizar las causas que han originado que, en el caso que nos ocupa, Castilla y León, se haya desviado del objetivo de déficit. Herrera atribuye directamente esta desviación al modelo de financiación autonómica, que tildó de «caduco y fracasado».

Para que el próximo modelo no resulte tan pernicioso para la Comunidad, los grupos parlamentarios han unidos sus fuerzas en una posición común, con una serie de criterios que ayer dejaron plasmados sobre el papel en un acto celebrado en el Colegio de la Asunción. Todos los firmantes del documento coincidieron en expresar su convicción de que esta unidad reforzará la posición de Castilla y León cuando se negocie el futuro modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este pacto «de mínimos» enumera catorce puntos para conseguir una financiación «suficiente y revisable» y una distribución «equitativa y justa» de los fondos del Estado, acorde a las características demográficas propias de Castilla y León. Algunos no son nuevos, ya que han formado parte de acuerdos similares en anteriores ocasiones, pero el actual es mucho más ambicioso y, además, el arco parlamentario es más amplio. Es novedosa, por ejemplo, la petición de la evaluación de Ley de Dependencia ponderada, a lo que se añaden otras cuestiones, como la garantía de prestaciones similares en las comunidades, un catálogo de servicios común a todas las autonomías, o la revisión del impacto de las reformas en materia de administración local.

Aunque en la actual coyuntura política no puede aventurarse cuándo se negociará el nuevo modelo, es bueno que la Comunidad presente ya una posición unida entre todas las fuerzas políticas.

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